La tormenta perfecta contra Villar y las elecciones a la RFEF de 2017 (parte 2)

De Víctor Martínez Patón

El distanciamiento de Villar y su secretario general: Jorge Pérez candidato a la presidencia de la RFEF

En este momento es pertinente detener la narración para explicar un punto imprescindible para entender los hechos ocurridos en aquellos momentos, y en particular por qué a Villar le beneficiaba celebrar las elecciones cuanto antes: la candidatura de Jorge Pérez a la presidencia de la RFEF.

Jorge Pérez había asumido el cargo de secretario general el día 1 de septiembre de 2004, el mismo año en que Miguel Cardenal ingresaba en el Comité de Competición de la RFEF, si bien había sido el hombre fuerte de la casa desde la destitución en enero de 2003 de Gerardo González, aunque con el cargo de coordinador general.

Según trascendió y el propio Jorge Pérez reconoció, en el año 2014 se puso a sí mismo un bonus de 416.666,67 € equivalente a 1,5 veces su salario y que la RFEF consideró desproporcionado. Por este motivo el presidente perdió definitivamente su confianza en él y fue progresivamente limitando sus funciones al despacho ordinario de sus atribuciones estatuarias, lo que se hizo con la aquiescencia de la junta directiva. Esta limitación de funciones, progresivamente en aumento, generó el descontento de Pérez, quien públicamente afirmaría sentirse víctima de las arbitrarias decisiones de Juan Padrón, siempre acríticamente respaldadas por Ángel Villar.

Tras una sucesión de rumores que acompañaron a Jorge Pérez desde finales del año 2015, finalmente el 2 de febrero de 2016 anunció públicamente su intención de presentarse a la presidencia de la RFEF en el programa El Larguero de la Cadena SER, dirigido por José Ramón de la Morena, uno de los periodistas más críticos con Villar desde la querella interpuesta por el grupo PRISA por la retransmisión de los partidos de los lunes[1]. Tan solo dos días después (4-2-2016), Javier Tebas afirmaba públicamente que ”es una opinión mía personal que tenía que haber un candidato alternativo [a Ángel María Villar] y creo que Jorge Pérez reúne las condiciones. Lleva más de 20 años en la casa y puede reunir lo que le hace falta a la Federación para el cambio, que tiene que ser desde dentro”[2].

Por su parte, y aunque Jorge Pérez afirmaba no ser “un hombre de Tebas” y haber tomado la decisión de presentarse sin condicionamiento externo alguno, sí confirmaba explícitamente contar con el apoyo del presidente de la LFP: “me puse en contacto a través de un club con Javier Tebas y le dije ‘quiero presentarme, ¿estarías dispuesto a apoyarme?’ Y me dijo que sí” (Al primer toque, Onda Cero, 9-2-2016). Por su parte, el periodista Ángel Rodríguez en la misma entrevista afirmaba que “la gente de la calle piensa que Jorge Pérez es un hombre de Tebas, que Tebas ha colocado a Jorge Pérez como ariete contra Ángel Villar”.

A esa entrevista en la Cadena Ser se sucedieron otras como la señalada en Al primer toque (9-2-2016), Abc (11-2-2016), El partido de las 12 (12-5-2016) y As (19-7-2016), cuyo contenido era fundamentalmente el mismo: Pérez lamentaba el devenir de la RFEF desde que se habían limitado sus funciones y anunciaba su candidatura a la presidencia. “Desde hace dos años, la verdad, se están haciendo las cosas muy mal, se están cometiendo muchísimos errores” Al primer toque (9-2-2016). Esos dos años coincidían precisamente, claro, con la limitación efectiva de sus funciones ejecutivas dada la pérdida de confianza como consecuencia del cobro del bonus.

Por su parte, Tebas no dejó durante todo el año 2016 de mostrar su público y entusiasta apoyo a la candidatura de Jorge Pérez. Por ejemplo, en un desayuno informativo de Europa Press (10-11-2016), Tebas afirmaba rotundamente que “Jorge Pérez es el candidato idóneo”[3].

La asamblea general de la RFEF apoya a Villar y primera querella

Como señalamos anteriormente, los planteamientos realizados por la RFEF respecto a la orden ministerial al CSD el 20 de enero de 2016 no fueron contestados hasta el 18 de julio. Sin embargo, en el mes de febrero el TAD emitió un informe en el que explicaba cómo, previo a poder hacer consideraciones sobre el fondo del reglamento, era necesario introducir expresamente determinadas modificaciones que exigían un cambio en los estatutos de la RFEF. Por este motivo Villar decidió convocar una asamblea general para el 22 de marzo.

En esta asamblea general se sometieron a votación ese cambio de estatutos y a refrendo el reglamento electoral en los términos aprobados por la comisión delegada de la RFEF el 19 de enero, si bien introduciendo la reducción de los asambleístas de 180 a 140 en los términos señalados por el TAD. Como ya era imposible celebrar las elecciones en la fecha inicialmente prevista del 22 de abril, la RFEF solicitó el permiso para celebrarlas en el segundo semestre con el fin de evitar la coincidencia del periodo electoral con la Eurocopa de Francia, lo que le fue concedido por el CSD el 3 de junio tras el informe favorable del TAD.

Varios días antes (17 de mayo) y como consecuencia de una denuncia de Javier Tebas, Miguel Cardenal denunció ante el TAD por entender que Villar estaba retrasando maliciosamente las elecciones, lo que según el presidente del CSD debía suponer su inhabilitación. Por su parte, y exactamente el mismo día (17 de mayo), Miguel Galán interponía querella criminal en los mismos términos.

Si bien ambas acciones, administrativa y penal, fueron desestimadas, sirvieron de forma muy eficaz para trasladar a la opinión pública que el retraso de las elecciones era únicamente imputable a Villar, cuando la realidad era justo la contraria, pues él habría sido el más beneficiado de que las elecciones se celebraran lo antes posible.

El día 3 de agosto el TAD archivó sin más trámite la denuncia de Miguel Cardenal, y lo hizo en términos que merecen ser reproducidos:

1º) La tramitación del Reglamento Electoral se inició con tiempo suficiente para que se procediese a su aprobación y pudiese iniciarse el proceso electoral dentro del primer cuatrimestre de dicho año, tal y como marca la normativa aplicable.

2º) Es razonable entender que si la Real Federación Española de Fútbol no procedió a corregir los defectos jurídicos puestos de manifiesto por el Tribunal Administrativo del Deporte y el Consejo Superior de Deportes, a pesar de haber sido requerida para ello, fue porque el Consejo Superior de Deportes no había resuelto acerca de su petición de cambio de criterio sobre dos de los aspectos más relevantes del contenido del reglamento como eran la moción de censura y la fecha de las elecciones.

3º) Igualmente es posible que si el texto aprobado en la asamblea de 22 de marzo no es remitido al Consejo Superior de Deportes para su aprobación hasta el 4 de mayo de 2016 es precisamente por la falta de respuesta del Consejo Superior de Deportes a su petición del mes de enero.

4º) Igualmente cabe entender que la solicitud de cambio de fechas para la celebración del proceso electoral se realizó el 27 de abril de 2016 porque no existía respuesta para una nueva redacción.

Por su parte, de la acción criminal interpuesta por Miguel Galán conoció el Juzgado de Instrucción 1 de Majadahonda (DPPA 333/2016), que sobreseyó mediante auto dictado el 5 de enero de 2017 (Ilma. Sra. Dña. María Gavilán Rubio).

Segunda querella: el caso Recreativo de Huelva

Como consecuencia de una denuncia presentada por Javier Tebas ante el CSD, el 11 de febrero de 2016 Miguel Cardenal interpuso una denuncia ante el TAD por un supuesto trato de favor con el que la RFEF habría favorecido al Recreativo de Huelva y al Marino de Tenerife.

La denuncia no tuvo recorrido alguno en la vía administrativa, pues fue archivada a limine por el TAD en una resolución dictada el 3 de agosto de 2016. Y ello a pesar de que el TAD es el órgano disciplinario integrado en el propio CSD cuyo presidente había sido el denunciante.

No corrió sin embargo la misma suerte la querella interpuesta por Miguel Galán el 14 de julio, a pesar de tener identidad subjetiva y fáctica con la acción resuelta por el TAD. Seis años después [31-3-2022] continúa en fase de instrucción ante el Juzgado 5 de Majadahonda (DPPA 315/2016).

Una segunda asamblea general de la RFEF apoya a Villar: destitución de Jorge Pérez

A partir del verano las fechas se suceden. La comisión delegada de la RFEF aprueba el 8 de septiembre un tercer reglamento que prevé la celebración de las elecciones para el 20 de diciembre y en el que se incorporan los aspectos señalados por el CSD y el TAD.

Sin embargo, en este caso la respuesta del CSD fue casi inmediata: recibió el reglamento el día 22 de septiembre y lo rechazó cuatro días después (26 de septiembre). Eso motivó que la RFEF denunciara una “actitud consciente y deliberadamente obstruccionista, dilatoria e impeditiva del CSD y su presidente”.

Previendo hipotéticos problemas por parte del CSD, y al mismo tiempo que envió al CSD el reglamento electoral aprobado por la comisión delegada de la RFEF, el presidente Villar convocó la asamblea general para el 11 de octubre con el fin de tener el refrendo de todo el fútbol español a ese nuevo reglamento electoral, tal y como ocurriría.

Al margen de ello, la asamblea fue el escenario elegido por Jorge Pérez para escenificar su enfrentamiento con Villar. El día anterior a la asamblea (10 de octubre), Pérez envió a Villar una carta a través del registro oficial de la RFEF con el fin de que se leyera en la asamblea. La carta se expresaba en los siguientes términos:

Sr. Presidente:

Tras un análisis pormenorizado de toda la documentación referente al proceso electoral de la RFEF 2016, y teniendo en cuenta las últimas reuniones en el seno federativo que han derivado en la convocatoria de la asamblea extraordinaria de mañana y una posterior reunión de junta directiva, considero que no se está informando adecuadamente de las consecuencias de eventuales acuerdos manifiestamente ilegales, tales como la aprobación por la asamblea de un reglamento electoral ya rechazado por el Consejo Superior de Deportes y, sobre todo, una hipotética y ulterior convocatoria de elecciones por parte del presidente de la RFEF y/o su junta directiva.

La convocatoria de elecciones, sin un reglamento aprobado por el CSD, es contraria a la Orden Ministerial que regula el proceso de las elecciones en todas las federaciones deportivas españolas, y los miembros de los órganos federativos que las aprueben pueden incurrir en un ilícito administrativo y/o penal que les conlleve graves consecuencias y sanciones.

Como secretario general de la RFEF, entiendo que es mi deber y responsabilidad procurar que las decisiones federativas sean acordes a la Ley española y a los propios Estatutos federativos (reconocidos por la FIFA) que en su artículo primero someten la institución a aquella de forma voluntaria. En este caso, la legalidad la marca la literalidad de las normas y disposiciones contenidas en la referida Orden Ministerial, a través de los informes y resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte y el propio CSD.

Le pido, Sr. Presidente, que se dé la máxima difusión al presente escrito y que se incluya en la documentación de la Asamblea y Junta directiva de mañana. Creo que es necesario y justo para todas las personas que integran las mismas. Por otra parte, y con objeto de no incurrir yo en responsabilidades no deseadas, le comunico que me abstendré en lo sucesivo de firmar cualquier escrito al respecto.

Atentamente, Jorge Pérez Arias, secretario general.

De acuerdo con la petición de Jorge Pérez, Villar pidió que se leyera públicamente la carta, de la que previamente se había dado copia a todos los asambleístas y a los medios de comunicación. Queda así recogido en el acta de la asamblea (pág. 7):

El señor Presidente señala que si el Secretario General de la RFEF quiere hacer alguna manifestación en relación con la antedicha carta, puede intervenir en este momento, posibilidad que el interesado no utiliza.

Indica entonces el señor Presidente que desea hacer algunas preguntas al señor Secretario General sobre el contenido de dicho escrito, que plantea acto seguido: ¿Por qué considera que «no se está informando adecuadamente de las consecuencias de eventuales acuerdos manifiestamente ilegales»?, según reza literalmente la carta. ¿Qué datos concretos tiene para tan grave afirmación?; ¿a qué eventuales acuerdos se refiere y por qué los considera manifiestamente ilegales?

El señor Secretario General no da ninguna respuesta a estas cuestiones.

Prosigue el señor Presidente preguntando al señor Secretario General a qué escritos se refiere cuando afirma en su carta que «con objeto de no incurrir yo en responsabilidades no deseadas, le comunico que me abstendré en lo sucesivo de firmar cualquier escrito al respecto». ¿Significa eso que hará dejación de sus funciones como Secretario General?

El señor Secretario General no responde a las preguntas formuladas por el señor Presidente, ni hace manifestación alguna.»

Al terminar de tratar todos los puntos del orden del día, y antes de concluir la asamblea, el presidente de la RFEF tomó la palabra y se expresó en estos términos literales:

Deseo poner en conocimiento a esta Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol, conocimiento del y al propio interesado, que es el secretario general, en virtud de mis facultades estatutarias desde este momento ceso al secretario general, qué pasará a desempeñar las funciones propias de su categoría profesional.

Si pública había sido la denuncia de Jorge Pérez de supuestas irregularidades y hasta ilegalidades, públicamente se hacía la destitución de su cargo como secretario general. De forma paralela y también el día anterior a la celebración de la asamblea, el secretario de Estado había enviado a Villar una carta de contenido muy similar a la de Jorge Pérez, que también terminó filtrada a los medios comunicación.

La misma noche de la asamblea Pérez comentó los hechos en el programa de José Ramón de la Morena, El transistor (Onda Cero, 12-10-2016). Veinte días más tardes (31 de octubre) y firmada por el propio Villar, la RFEF remitió la carta de despido por causas disciplinarias.

Jorge Pérez demandó a la RFEF el 19 de diciembre de 2016 por despido improcedente, en un pleito que conoció el Juzgado de lo Social 21 de Madrid y que resolvió mediante sentencia de 31 de marzo de 2017 (aclarada por auto de 16 de junio) a favor de Jorge Pérez en el sentido de reconocer la improcedencia del despido con obligación de indemnizarlo en la cantidad de 444.357,57 € o, alternativamente, readmitirlo en la RFEF con el pago de los salarios de tramitación por valor de 741,78 € diarios. Ambas partes recurrieron en suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que resolvió mediante la Sentencia 368/2018, de 20 de abril (ponente Ilmo. Sr. D. Javier José París Marín), confirmar íntegramente la anterior resolución. El ulterior recurso de casación interpuesto por Jorge Pérez fue inadmitido a trámite mediante Auto de 9 de mayo de 2019 (ponente Excmo. Sr. D. José Manuel López García de la Serrana).

Al margen de lo anterior, la RFEF envió a Jorge Pérez ad cautelam una segunda carta de despido el día 7 de marzo de 2017 fundada en la participación del exsecretario general en los hechos relativos a una subvención concedida en 2010 por el CSD “para el fomento y fortalecimiento de políticas transversales en materia deportiva” que fueron las que dieron lugar al conocido como “caso Haití”.

Dimisión de Miguel Cardenal y aprobación definitiva del reglamento electoral

Apenas tres días antes de la celebración de esta segunda asamblea general se había conocido la noticia de que el Juzgado de Instrucción 36 de Madrid había llamado a declarar como investigado por malversación de fondos y otros cuatro delitos a Miguel Cardenal, como consecuencia de una querella interpuesta por el presidente de la federación de tenis, José Luis Escañuela, con quien también Cardenal tenía un enfrentamiento intenso desde hacía meses.

Esta imputación provocó la dimisión de Cardenal, que tuvo lugar el 8 de noviembre. Ocho días después (16 de noviembre), José Ramón Lete Lasa fue nombrado secretario de Estado para el Deporte. La RFEF recibió de muy buen grado el nombramiento, y así lo hizo público:

La Real Federación Española de Fútbol quiere hacer llegar su felicitación a José Ramón Lete Lasa por su nombramiento como presidente del Consejo Superior de Deportes, al tiempo que le desea todo tipo de éxitos en su nuevo cargo.

A partir de este momento todas las dificultades fueron diluyéndose. Aunque el 16 de diciembre el CSD rechazó el recurso de reposición interpuesto por la RFEF contra la decisión de 16 de septiembre de no aprobar el reglamento previo, el 9 de enero de 2017 el CSD aceptó que los futbolistas no profesionales pudieran elegir en circunscripción autonómica a sus representantes en la Asamblea, tal y como pedía la RFEF. Así pues, el 18 de enero la RFEF envío un nuevo reglamento electoral, que esta vez sí fue aprobado por el CSD el 31 de enero.

La importancia que cobró no solo para el fútbol sino para el país en general la cuestión surgida en torno a las elecciones de la RFEF se demuestra claramente por el hecho de que el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, manifestó públicamente en Onda Cero (26 de enero) haber dado órdenes para resolver la cuestión, tan solo cinco días antes de que el CSD diera el sí definitivo:

Estoy convencido de que en pocas fechas se llegará a un entendimiento, que es el mejor procedimiento para resolver problemas. Son las instrucciones que tiene el nuevo Secretario de Estado de Deporte y el director general de Deportes.

El nuevo y definitivo calendario electoral, aprobado por la comisión delegada de la RFEF el 13 de febrero, acordó la celebración de las elecciones a la presidencia de la RFEF se celebrarían el 22 de mayo. De acuerdo con las diversas y sucesivas declaraciones públicas, se presentarían tres candidatos: Miguel Galán, Jorge Pérez y Ángel Villar.

Tercera querella: el caso Haití

Antes de glosar los meses previos a las elecciones es preciso volver a finales de 2016, concretamente al día 30 de diciembre, fecha en que Miguel Galán interpuso una tercera denuncia contra Ángel Villar, en esta ocasión por el supuesto fraude de una subvención concedida por el CSD a la RFEF en el año 2010, en lo que es conocido como el caso Haití.

El caso continúa en fase de instrucción en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Majadahonda, si bien el 9 de junio de 2021 se ha dictado auto por el que se sobresee el caso respecto a Ángel Villar de acuerdo con la petición de la Fiscalía.

Los últimos pasos hacia la reelección de Villar

Tras la aprobación del calendario electoral el 13 de febrero, las noticias sobre la campaña electoral se sucedieron. El día 24 de febrero Jorge Pérez anunció oficialmente su candidatura a la presidencia, y un mes después (24 de marzo) Miguel Galán renunció a favor de Pérez, según afirmaba en un comunicado: “para no perjudicar al otro candidato avalado por la Liga y el fútbol profesional”. En efecto, y aunque en los meses anteriores Jorge Pérez había reiterado no ser el candidato de Javier Tebas, nadie dudaba de que la pugna real en esta campaña electoral estaba entre Ángel María Villar y el presidente de la Liga.

A pesar de los diversos procedimientos administrativos y penales interpuestos contra Villar, la lucha con Jorge Pérez se demostró muy desigual desde el principio. A pesar de la intensísima campaña mediática en contra, Villar demostró pronto su éxito ante todos los estamentos del fútbol español. Tan es así que uno de los medios que mayor campaña habían hecho en contra de Villar, el diario As, ya anunciaba el 8 de abril una segura victoria[4]. El propio As, al dar cuenta el 29 de abril de los resultados a las elecciones a asambleístas titulaba tajantemente: “Villar arrasa y Jorge Pérez y Tebas impugnarán”[5].

Efectivamente, constatada la segura derrota que se les avecinaba, Jorge Pérez y Tebas dejaron de lado el proceso electoral y buscaron fórmulas para invalidarlo. Como venía ocurriendo desde hacía más de un año, era nuevamente la oposición a Villar la que pretendía evitar la celebración de las elecciones en la RFEF.

El 5 de mayo Jorge Pérez presentó un recurso ante el TAD interesando la nulidad de las elecciones a asambleístas, o subsidiariamente la nulidad del voto por correo. A este recurso se añadieron otros presentados por las federaciones autonómicas de Aragón y Andalucía, y por el Club Atlético Pinto. En todos los casos, la consecuencia del éxito de cualquiera de los recursos sería la repetición del proceso electoral. Simultáneamente, Pérez optó por no presentar los avales que afirmaba tener para ser candidato a la presidencia de la RFEF, remitiendo todas sus esperanzas a la anulación por parte del TAD del proceso electoral.

Consecuentemente, el 11 de mayo la Comisión Electoral de la RFEF proclamó al único candidato que había presentado los avales, Ángel María Villar. Al día siguiente (12 de mayo), todas las esperanzas de Jorge Pérez se esfumaron al conocerse que el TAD rechazó la adopción de las medidas cautelares interesadas y que, consecuentemente, las elecciones se celebrarían el 22 de mayo con Villar como candidato único.

Un último intento de Jorge Pérez fue el recurso ante la justicia ordinaria, interesando la adopción de medidas cautelarísimas en el mismo sentido. Sin embargo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia también las rechazó, señalando que “la prosecución del proceso electoral, incluso su finalización, no supondría un impedimento para la estimación de la nulidad del proceso en caso de acreditarse la concurrencia de cual quiera de las causas previstas legalmente en los recursos que se instaran al efecto lo que generaría los efectos inherentes a la declaración de nulidad en su caso”.

Tal y como estaba previsto, el 22 de mayo se celebraron las elecciones, y Villar ganó con 112 votos a favor, 11 en blanco y ninguno en contra. La validez del proceso electoral fue definitivamente avalada por el TAD, que el 9 de junio resolvió rechazar todos los motivos de impugnación del proceso electoral alegados por las federaciones autonómicas de Aragón y Andalucía, el Club Atlético Pinto y Jorge Pérez Arias. De este modo, Ángel Villar conseguía definitivamente revalidar por octava vez su cargo como presidente de la RFEF.

El entonces ignorado caso soule

Al empezar este artículo hicimos referencia al caso soule y a la definitiva caída de Villar, que tuvo lugar apenas dos meses después de ganar las elecciones. En aquel momento pocas personas tenían conocimiento de la existencia de esta investigación, pues las diligencias instruidas (DPPA 35/2017) en el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional se hallaban bajo secreto de sumario. Por supuesto, los investigados desconocían completamente su existencia.

Es relevante sin embargo citar algunos hitos que, aunque se conocieron con posterioridad, tuvieron lugar de forma paralela al proceso electoral y probablemente con el fin de intervenir en su resultado.

En primer lugar hay que señalar que quien interpuso la denuncia inicial fue Miguel Cardenal, y lo hizo ante la Fiscalía Anticorrupción el 11 de noviembre de 2015. A esta denuncia le sucedieron otros escritos ampliatorios de 14 de diciembre de 2015, 18 de enero de 2016, 25 de febrero de 2016 y 13 de abril de 2016.

Por su parte, y ya en periodo electoral, el 30 de enero de 2017 Jorge Pérez interpuso una denuncia también ante la Fiscalía Anticorrupción. Aunque las diligencias de la fiscalía eran secretas, resulta muy improbable que Jorge Pérez ignorara su existencia y sin embargo presentara él una denuncia ante el mismo órgano que estaba ya conociendo de aquellos hechos. El 15 de marzo Jorge Pérez ratificó su denuncia, y el 12 de abril aportó un pendrive con documentación extraída de la propia RFEF. Es llamativo cómo esta prueba documental no se aportó con la denuncia inicial y sí cuatro días después de que el diario As diera por segura la victoria de Villar.

Aunque estas actuaciones tenían lugar en absoluto secreto, parece claro que la voluntad de la oposición era que el caso soule estallara antes de las elecciones. Aunque no fue así y Villar consiguió ganar sus octavas elecciones, el estruendoso estallido del caso, que cinco años después continúa en instrucción [31-3-2022], terminó con la carrera de quien lideró el fútbol español en los años de mayores éxitos de nuestra historia.

Carta de 16 presidentes autonómicos en apoyo de Ángel Villar

Para terminar, entendemos procedente reproducir íntegramente una carta redactada por dieciséis presidentes de federaciones autonómicas el día 23 de febrero de 2017 tras una reunión en un hotel de Madrid. Aunque en ese momento no se tenía noticia de lo que finalmente sería el caso soule, esos presidentes decidieron hacer pública un texto muy contundente en apoyo de Villar ante lo que consideraban una operación de acoso y derribo injustificado e injusto.

Los firmantes de la misma fueron los presidentes de las Federaciones de Fútbol del Principado de Asturias (Maximino Martínez), Islas Baleares (Miguel Bestard), Canaria (Antonio Suárez), Cántabra (José Ángel Peláez), Castilla-La Mancha (Antonio Escribano), Castilla y León (Marcelino Maté), Catalana (Andreu Subies), Ceuta (Antonio García), Extremeña (Pedro Ángel Rocha), Madrid (Francisco Javier Díez), Melillense (Diego Martínez), Murcia (José Miguel Monje), Navarra (José Rafael del Amo), Rioja (Jacinto Andrés Alonso), Comunidad Valenciana (Vicente Muñoz) y Vasca (Luis María Elustondo).

El tenor literal de la carta es el siguiente:

El próximo 22 de mayo se celebrarán elecciones a la presidencia de la RFEF. Concluirá en ese preciso momento el proceso que situará al frente de la Real Federación Española de Fútbol al vencedor en las urnas. Las urnas son soberanas.

Un total de 140 electores decidirá quién conducirá los destinos de la RFEF a partir de ese instante. En ese preciso momento se pondrá fin a un proceso que algunas partes han convertido en especialmente tortuoso y muy difícil de hacer realidad. No ha sido el caso de la Real Federación Española de Fútbol, siempre dispuesta a la elaboración del Reglamento adecuado, ni de sus dirigentes y, en especial, de Ángel Villar, sometidos a una persecución sin precedentes. Como en todas ellas, sus autores tienen nombres y apellidos.

No hay precedentes en otros procesos electorales en federaciones deportivas de las trabas sufridas por la RFEF hasta conseguir un Reglamento aprobado. Todas las medidas emprendidas para tratar de conseguirlo fueron rechazadas por el Consejo Superior de Deportes que presidía Miguel Cardenal, en algunos casos tras haber sido aprobadas y en otros añadiendo nuevas exigencias. Miguel Cardenal no solo impidió la posibilidad de dar el visto bueno al Reglamento, sino que hizo uso inadecuado de la información de la que disponía, lo que exige un trato prudente y elegante, filtrándola interesadamente.

Pero hay otros involucrados en este largo acoso de años contra Ángel Villar y, en consecuencia, contra quienes gestionan la RFEF con intenciones que resultan evidentes. El auténtico motor de combustión de esos programas es Javier Tebas, presidente actual de la Liga de Fútbol Profesional, que buscó y encontró a un pre candidato, el ex secretario general de la RFEF. Este operativo está plagado de infinidad de agravios, medias verdades, acusaciones sin sentido y graves calumnias. El terceto ha emprendido acciones disciplinarias, acciones penales, descalificaciones constantes y manifestaciones insostenibles. Solo han conseguido con ello descubrir su auténtica cara. Demostrar qué son, quiénes son y cómo se manejan.

La historia de la persecución emprendida a título individual por Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, no es, sin embargo, un asunto reciente; sus compañeros de aventura, sí. Tebas la inició en 2003. Es, pues, un viejísimo anhelo que hasta ahora y para su desgracia, no le ha dado ningún resultado. Ni en los juzgados de lo penal, ni en otros, a los que acude con más que regular frecuencia, ni en las urnas. Los asuntos denunciados ante el Juzgado de lo Penal número 47 de Madrid fueron, entre otros, una presunta retención indebida de seguros concertados para jugadores de selecciones nacionales, otra presunta retención de ingresos de los clubes por las fichas profesionales de los jugadores, la demora en el reintegro de viajes y gastos particulares de familiares y directivos, y el contrato con la firma deportiva Puma. Asimismo, se abrió un expediente disciplinario por el Comité Español de Disciplina Deportiva, que en el mismo acto quedó suspendido hasta que se resolviera el procedimiento penal. El procedimiento penal fue archivado posteriormente.

A partir de entonces, y hasta ahora mismo, no han dejado de promoverse denuncias y actuaciones siempre con el mismo objetivo e idéntica finalización. Muchas de ellas se han producido con procesos electorales a la vista y en vigor, lo que no deja de ser extraordinariamente llamativo ni causa dudas sobre sus objetivos. En el mismo año 2003, el propio Javier Tebas, representante del C.D. Badajoz, y aliado con el presidente de una Territorial, presentó otra denuncia contra Ángel Villar por presunto abuso de autoridad, escudándose en la constitución de una hipoteca sobre los locales de la Real Federación Española de Fútbol con Caja Madrid, en garantía de la devolución de un préstamo de 18 millones de euros. La denuncia no fue admitida por el Consejo Superior de Deportes.

No contentos con los resultados de los dos primeros intentos, en 2006, el Comité Técnico de Árbitros de la Territorial de Aragón denunció al presidente de la RFEF y al presidente del Comité Técnico de Árbitros, Victoriano Sánchez Arminio, por no convocar este una reunión de las dos debidas de la Comisión de Coordinación lnterterritorial y Relaciones Externas del Arbitraje. Asunto gravísimo, sin duda. El Consejo Superior de Deportes instó al Comité Español de Disciplina Deportiva a la apertura de un expediente. Esta vez tampoco hubo sanción.

En 2007, cuatro años después, Javier Tebas y Roberto Dale solicitaron la reanudación del expediente suspendido por el CEDD en septiembre de 2003 con el mismo resultado: la denuncia fue desestimada. En 2008 [sic, fue 2012], Ignacio del Río entabló un contencioso administrativo por motivos electorales y el sindicato Manos Limpias una acción criminal por la misma razón. Una vez más no consiguieron sus objetivos.

La judicialización del fútbol es la primera de las constantes de quienes pretenden ganar por fuera lo que no son capaces de ganar ni deportivamente, ni, como se ha demostrado sobradamente, en un proceso electoral limpio y democrático, lo que las urnas han demostrado en todas las ocasiones. La persecución, sin embargo, no ha parado ni en medios ni en difusión. Lamentablemente para ellos, la respuesta de los electores ha sido terminante. En el actual proceso electoral, Javier Tebas lidera no solo el monopolio de la campaña de acoso, sino que respalda plenamente y avala a un pre candidato del que el primer día dijo que no era el más adecuado

El año 2015, Javier Tebas, en representación del Alcorcón, solicitó la apertura de expediente disciplinario contra el presidente de la RFEF y los miembros de la Comisión Delegada, entre los que se encontraban Vicente del Bosque y Carlos Velasco Carballo, por adoptar el acuerdo de suspender las competiciones a raíz del Real Decreto TV, Ley sobre Derechos Audiovisuales. Como había ocurrido en todos los casos precedentes, dicha apertura de expediente fue desestimada. Un año más tarde, esto es, en 2016, nuevamente Javier Tebas, ¡quién iba a decirlo!, solicitó la apertura de otro contra el presidente de la RFEF por la aprobación del presente Reglamento Electoral por la Comisión Delegada. Por enésima vez, esta denuncia contra Ángel Villar fue rechazada.

Todas estas acciones han estado salpicadas por multitud de declaraciones ofensivas hacia el presidente de la RFEF. Los acosadores no se han detenido ante nada, involucrando incluso a familiares y amigos de Ángel Villar, una demostración de ruindad que nada tiene que ver con el fútbol, ni, en el más extremo de los casos, con las diferencias de gestión o personales. Un modelo que define fielmente el perfil de ciertos personajes del fútbol y que han llegado a utilizar su dinero, el del fútbol, para constituir la Comisión de Clubes de Segunda B y Tercera y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino con carácter electoralista y contrarias al actual presidente de la RFEF y a los demás presidentes de federaciones de ámbito autonómico.

Representantes de estas asociaciones nos censuran por no defender al fútbol aficionado y no responder a sus escritos. Lo que nos faltaba: que critiquen a quienes desde siempre se ha volcado con el fútbol aficionado, campo, por cierto, que Jorge Pérez acaba de descubrir después de 25 años ignorándolo y sin haber visitado jamás por iniciativa propia una Territorial. Claro que la de las iniciativas no es, precisamente, una de sus virtudes.

Javier Tebas se ha significado especialmente durante todos estos años. Lo hizo casi en dos centenares de ocasiones. Seis veces denunció a Ángel Villar y seis veces fueron echadas abajo sus denuncias. Tebas añadió a su lista de agraviados y adversarios a futbolistas, clubes y árbitros. Sus desavenencias con la familia del fútbol son notorias. De los primeros, y valga como ejemplo, llegó a señalar que sabían el resultado de un partido (Levante-Real Zaragoza) con antelación y que habían sacado dinero de las apuestas (La Razón, 17 de marzo de 2015). También aseguró aventuradamente que «España no está preparada para ver a un futbolista en la cárcel” (El País, 8 de octubre de 2014); de los segundos afirmó que «se nos ha dicho que tenemos los mejores (árbitros) del mundo, pero esa clasificación no la encuentro por ningún lado» (La Gaceta. 17 de diciembre de 2013). Varios clubes nacionales también se han visto ofendidos repetidas veces.

Hace apenas un mes, el 5 de enero de 2017, una jueza de Majadahonda (Madrid) rechazó la querella presentada por Miguel Galán, uno de los pre candidatos a la presidencia de la RFEF, contra Ángel Villar por la dilación interesada del proceso electoral en la RFEF y no encontró indicios racionales de ilícito penal y archivó la querella. el tribunal administrativo del deporte, a instancia del secretario de estado, Miguel Cardenal, ya había resuelto con anterioridad (03/08/2016) que no se debía abrir expediente al presidente de la RFEF por dicho motivo. cabe recordar, a propósito de esto, que los miembros de este tribunal los nombra la comisión directiva del CSD, en parte, a propuesta del propio secretario de estado, en aquellos momentos, Miguel Cardenal.

Desencantado con sus resultados, Miguel Galán, que también perdió las elecciones a la presidencia de la Territorial de Madrid, confesó hace unas semanas en los medios de comunicación que abandonaba la batalla judicial que tanto tiempo y dinero le había costado. «No puedo seguir luchando para que otros se beneficien de mí. Va me he gastado 150.000 euros y sin Cardenal estoy solo. Se están aprovechando de mis querellas, les he hecho el trabajo sucio» (Diario AS, 6 de noviembre de 2016 y 4 de diciembre de 2016)».

Galán debe haber recuperado fuerzas no se sabe cómo pues no se explica de otra manera que a continuación abriera otro frente por los llamados casos Marino y Recreativo y una denuncia por el de Haití. Es fácil deducir quienes están tras todas acciones de Miguel Galán, al que han proporcionado informaciones verbales y documentales, y cobertura. Este precandidato ha sido denunciado por Ángel Villar por extorsión, coacciones, denuncia falsa y obstrucción a la justicia. Galán había pedido para retirar su querella una serie de insólitas exigencias: ser vicepresidente de la UEFA en el caso de que Villar se presentara a la presidencia, convertirse en vicepresidente primero de la RFEF, en el supuesto de que no la consiguiera … ¡y presidente de la RFEF si lo lograba! Eso amén de reclamar 240.000 euros y otras minucias como la de que Villar hablara con la Asociación Española de Futbolistas (AFE) para que esta retirara la querella contra él por un presunto delito de estafa, falsedad documental y un delito relativo al mercado y los consumidores estafa, y obtener una serie de prebendas para su propia asociación. Hay alguna que otra querella más de los alumnos de su Escuela de Entrenadores.

Jorge Pérez, ex secretario general de la RFEF, tampoco está libre de una investigación judicial por los llamados «casos Marino y Recreativo», al igual que Ángel Villar y otros dirigentes de la Real Federación Española de Fútbol en el número 1 de los de Majadahonda. No se entiende que ciertos personajes del fútbol y algunos medios de comunicación hayan magnificado con aviesas intenciones, y los intereses que todos conocemos, lo uno y silenciado lo otro. Todas esas acciones ponen en rotunda evidencia la existencia de una persecución perpetrada inicialmente hace mucho, que se ha mantenido en el tiempo y que se ha agudizado en la actualidad. Es decir que ha habido acoso y, en consecuencia, acosadores.

No hace falta ser un lince para advertir que tanta insistencia no tiene otro objetivo que el de tratar de conseguir por la vía judicial lo que nunca han podido lograr por la electoral y democrática, algo que persiguen infructuosamente desde hace 14 años. Esa persecución ha alcanzado su mayor intensidad en el actual proceso electoral con la presentación de tres acciones criminales y dos expedientes sancionadores falsos con la única intención de socavar el honor y crédito del presidente de la RFEF. Causa enorme estupor, desde el respeto debido a la discrepancia en la gestión deportiva, que a ellos se haya sumado un sector minoritario del fútbol que no valora los extraordinarios perjuicios que le han causado con esas acciones, ni contemplan estos actos carentes de toda ética como despreciables. Rayando el delito.

A la vista están, sin embargo, los catastróficos resultados que han obtenido.

Como consecuencia de la publicación de esta carta, Miguel Galán interpuso el 28 de febrero de 2017 denuncia ante la Comisión Electoral de la RFEF y posterior recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte (30-3-2017) como consecuencia de la resolución por silencio de la comisión. El 27 de abril de 2017 el TAD dictó resolución por la que se acordó declarar que esta carta suponía una infracción al deber de neutralidad que el art. 12.4 de la Orden ECD/2764/2015 impone a todos los órganos federativos.

Contra esta resolución se interpuso recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se resolvió mediante la Sentencia 495/2018, de 25 de julio, que desestimó íntegramente las pretensiones de los recurrentes. El posterior recurso de casación fue inadmitido mediante Providencia de 24 de enero de 2019 dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, contra la que se presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El más alto tribunal admitió a trámite el recurso, y dictó finalmente la Sentencia 5/2021, de 25 de enero (ponente Excmo. Sr. D. Antonio Narváez Rodríguez) por la que desestimó íntegramente el amparo solicitado.