“Una Federación embridada por la política”

De José Ignacio Corcuera

En octubre de 1982, luego de una intentona golpista traducida en secuestro a los diputados elegidos mediante sufragio universal, la ciudadanía española quiso acelerar el proceso de reinstauración democrática, otorgando en las urnas un sonoro triunfo a Felipe González. Su Partido Socialista, de inequívoco aroma andaluz, no sólo había roto amarras con los despojos de otro más doctrinario y visceral, sobreviviente a la Guerra Civil en su dorado exilio, sino que supo conectar con amplios nichos de clase media, profesiones liberales, organizaciones vecinales o de barrio, mujeres y jóvenes. La chusca irrupción del teniente coronel Tejero, profanando el hemiciclo pistola en mano, hizo pensar a propios y extraños cuánto podía perderse de nuevo, hasta provocar su reacción. El programa socialista hablaba de adecuar el país a los nuevos tiempos, consolidación del sistema democrático, extensión de derechos y libertades, atención a la política educativa, integración en la CEE y saneamiento financiero. En suma, invitaba a soñar. Luego las circunstancias harían alterar el orden de prioridades, anteponiendo una estrecha vigilancia a colectivos como el ejército, con el propósito de evitar nuevos sustos.

Bastaron unos meses para dejar claro que tocaba decir adiós a viejos métodos y fórmulas, tanto si se tratara de agrupaciones culturales como gastronómicas, deportivas o lúdicas, empresariales o menestrales. Se promovió un rejuvenecimiento en la cúpula militar, aunque ello implicara el pase a la reserva de mandos con antigua y bien probada adhesión al yacente Caudillo. Y al mismo tiempo se lanzaron mensajes sobre la democratización y transparencia en cuantas organizaciones fuesen receptoras de dinero público. Ahí, claro, estaban más que concernidas las Federaciones deportivas. Especialmente la de fútbol, dirigida por Pablo Porta, al hallarse a la cabeza de todas por cuanto a financiación pública.

De entrada, el hábil y displicente gestor de nuestro balompié amagó con hacer oídos sordos. Luego quiso dejar sentado que su templo resultaba intocable, que las cosas del fútbol quedaban reservadas a gentes del fútbol, conforme aseguró a menudo, y finalmente menospreciando la autoridad de Romà Cuyàs, Consejero Superior de Deportes y por tanto con mucho que decir al respecto. Para entonces el propio Romà Cuyàs y Javier Solana, ministro de Cultura y Deportes, estaban hartos de sus desplantes, o de los múltiples conflictos en que sistemáticamente parecía complacerse. Porta llevaba años enfrentado a los futbolistas, entorpecía cualquier iniciativa de la recién nacida Asociación de Clubes, y desactivaba impunemente posibles asaltos a su poltrona, distribuyendo dinero público a los amigos o congelándolo sine die a hipotéticos enemigos. Su palabra era ley, como si aquella Federación se rigiera con música de mariachis, y cualquier discrepancia concluía en inevitable ostracismo. De ello pudo dar fe el colegiado de 1ª División Jacinto de Sosa Martín, durante la temporada 1981-82.

De Sosa no era ninguna estrella del silbato, ni tampoco merecía figurar entre los peores. Sin embargo fue descendido “digitalmente” a 2ª División, sin que los clubes, la prensa deportiva o el colectivo de futbolistas lo solicitara, circunstancias que por otra parte tampoco hubieran legitimado su defenestración. Sencillamente, De Sosa tenía afición periodística, se matriculó en lo que hoy llamamos Ciencias de la Información, y habría de iniciar una serie de colaboraciones con el diario “Pueblo”, aportando explicaciones del reglamento y comentarios técnicos. Pablo Porta y su directo colaborador José Plaza, presidente de la organización arbitral, vivían muy cómodos amordazando a los de negro, hasta el punto de prohibirles cualquier declaración pre o pospartido. “En boca cerrada no entran moscas”, llegó a pronunciar una vez ante los medios el propio Porta. Así las cosas, a Jacinto de Sosa se le dijo debía abandonar la publicación de artículos. Ese colegiado no necesitaba para vivir ni el dinero del arbitraje ni el de “Pueblo”, puesto que contaba con un buen trabajo en “Philips”, pero pidió razones. “Los árbitros no se ponen en el escaparate -se le dijo entonces-. Bastante hay con lucirse cada domingo ante treinta o cuarenta mil espectadores”. Puesto que no lo entendiese, siguió porfiando hasta toparse con una curiosa aplicación de la ley de incompatibilidades, constitutiva de precedente histórico. Aunque entonces cesara en su labor divulgativa, se le castigó con el descenso sin tener en cuenta la puntuación inferior de otros compañeros. Así que decidió litigar.

Una resolución del Comité Superior de Justicia Deportiva le dio la razón, sin que Pablo Porta se sintiese aludido. De Sosa, entonces, exigió ante el Consejo Superior de Deportes un inmediato acatamiento federativo. Y puesto que Pablo Porta siguiera sin decir ni sí ni no, en agosto de 1983 el asunto seguía sin resolverse. En vista de que las buenas palabras no bastaban, Romà Cuyàs cambió de táctica. Puesto a malas, era mucho el daño que podía hacer tanto al Sr. Porta como al órgano que presidía. Y entonces sí, con la boca pequeña, el máximo dirigente futbolístico se avino a incluir al trencilla castellano en la lista de 1ª División. “La Administración logra que la justicia se cumpla”, titularon algunos medios. “Porta ha retrotraído la situación de Jacinto De Sosa a 1981-82”. Pero más que gallo con espolones, el presidente federativo se sentía propietario del gallinero. De modo que mientras daba su aquiescencia, concedía a su acólito José Plaza el privilegio de boicotearlo todo, mediante una supina ignorancia operativa. De Sosa seguía siendo árbitro, aunque no iba a designársele ningún partido.

El carácter de aquel colegiado siempre fue reivindicativo, máxime si le asistía toda la razón. De modo que advertido sobre cuanto le esperaba, amagó con querellarse. La respuesta le llegó mediante escrito de la F.E.F. Su inclusión en la lista de árbitros de 1ª División acababa de anularse, “ante un posterior descenso a 2ª por motivos técnicos”. Tanto a Jacinto de Sosa como a Romà Cuyàs, aquello se les antojó el colmo. Y de entrada, el primero quiso despacharse a gusto ante los informadores. “Aquí, el árbitro que quiera ser de Primera tiene que callar”, dijo a modo de saludo en su rueda de prensa, ante una veintena de medios. Y a continuación siguió regalando titulares: “Después de tanto tiempo, no sé si merece la pena seguir luchando. Los últimos actos constituyen una burla o una farsa, no solo para mí, sino también para el Consejo Superior de Deportes. Además de bajarme de categoría, se me sigue prohibiendo cualquier colaboración en los medios informativos. Como no quiero ser un intruso, estoy matriculado en la Facultad de Periodismo, aunque eso parece darle igual al Sr. Porta, creador de incompatibilidades tanto para los árbitros como para los periodistas”.

A lo largo de su charla, admitiendo preguntas, afloraron distintas cuestiones relacionadas con el arbitraje y el modus operandi federativo. No hacía tanto, se pusieron de moda los árbitros “duros”, muy jaleados desde la prensa escrita o radiofónica. Fue una etapa corta, aunque bastase para situar a varios de ellos en la máxima categoría. Pero según De Sosa, “cuando se dieron cuenta de que éramos inflexibles no sólo en el terreno de juego, sino también en los despachos, la postura federativa cambió radicalmente. Algunos, o incluso muchos, se plegaron, porque callando y obedeciendo prosperabas”. Sin citarlos con nombre y apellido, se refería a compañeros de silbato en boca de todos, como el aragonés Pes Pérez, con quien días antes acababa de protagonizar una trifulca radiofónica. Al inquirírsele acerca de ese rifirrafe, hizo gala de cierta elegancia: “Reconozco haber sido el primer desafortunado en la polémica, pero nadie puede llamarme reventador de huelgas. Votamos para dilucidar una postura común, yo apoyé una opción y mis compañeros se decantaron masivamente por otra. Expresar libremente nuestras opiniones personales no supone reventar nada. Si todos actuásemos como un rebaño seríamos ovejas”.

Pes Pérez, de ser el niño terrible en el arbitraje, y “esperanza del silbato español” en palabras del influyente José María García, había pasado a plegarse ante la voz del amo. Ya no era un lobo hambriento, sino perro pastor bien nutrido entre agasajos y prebendas, como alguna designación para pitar puntualmente en Ligas extranjeras. La docilidad, empero, suele acabar adocenando. Y Pes Pérez en su tránsito hacia el confort iría pasando de árbitro “anticasero” a contemplativo; de polémico a dúctil, mientras defendía no ya la integridad del rebaño, sino su estatus personal. Actitud muy humana, si se quiere, pero alejadísima del credo inamovible que siempre caracterizó a De Sosa Martín.

De Sosa también habló, de soslayo, sobre sus sentimientos personales: “Mis compañeros podían ayudarme más, aunque comprendo su temor y preocupación. Saben cómo se arbitra y las manipulaciones que pueden llevarse a cabo sobre la labor real de un colegiado. Es difícil ponerse al lado del que según se asegura ya sobra. Porque van a por mí, al ser el único planteando denuncias o criticando incumplimientos”. Pero sobre todo dirigió sus dardos hacia la insolente actitud federativa: “Ahora Porta y Plaza dicen que soy mal árbitro. No hace mucho, sin embargo, el propio Plaza propuso mi inscripción en un curso para internacionales. Dicen que soy árbitro de 2ª, pero mientras esté abierto mi expediente, no pueden descenderme; sigo siendo árbitro de 1ª, no de 2ª, según la reglamentación. El problema radica en cómo se administra la justicia, puesto que los órganos de justicia deportiva están sometidos al poder ejecutivo de la Federación. Y así no hay manera”.

Vino a decir que la F.E.F. tenía mucho de casa vieja y crujiente, necesitada de reforma.

Una duda quedaba en el aire tras su comparecencia: ¿Servían de algo, realmente, los dictámenes de la justicia deportiva e incluso del propio Consejo Superior de Deportes, si luego cada Federación podía obrar como más le pluguiese?

Romà Cuyàs pudo hacerse la misma pregunta, e incluso su ministro, Javier Solana, cuando ambos tuvieron constancia de que Pablo Porta preparaba en secreto otra quiniela futbolística, con el propósito de enterrar a medio plazo el 1-X-2 del Patronato. Fue el 12 de octubre de 1983, día de procesiones cívicas y hasta hacía bien poco canónicas, cuando saltó la liebre. Y muchos, habida cuenta de la devoción concentrada en torno al 1-X-2, creyeron ser víctima de una broma sin gracia. Porta, indudablemente, pretendía resarcirse ante una Administración empeñada en embridarle, socavando arteramente los cimientos de todo el engranaje deportivo, no en vano desde hacía años las Apuestas Mutuas constituían, con sus réditos, motor imprescindible.

Incluso existía nombre para la nueva modalidad: “Apuestas Alternativas”. En su propósito de llevarlas a cabo, Porta contaba con la infraestructura del Patronato y su propia Federación. El mecanismo apostador consistiría en seleccionar 7 resultados de empate, entre un total de 35 partidos. Puesto que la Liga de Fútbol Profesional contaba con sólo 38 equipos, cada boletó debía incluir, obviamente, un mínimo de 32 clubes no profesionales. Blindaje en toda regla del presidente federativo ante la Liga Profesional, no fuera que más adelante los clubes de 1ª y 2ª División, cediendo a la avaricia, quisieran apodarse de todo el pastel. Mientras hubiere tantos clubes no profesionales en esos boletos, el inefable presidente de la Española tendría casi total beneplácito para hacer y deshacer. La Liga de Fútbol Profesional era una jaula de grillos donde nadie se fiaba de los demás y, ante tal panorama, preferirían la coordinación de alguien ajeno, en teoría más aséptico. Esas “Apuestas Alternativas” podrían muy bien soldar a Pablo Porta en su poltrona.

Tamaña provocación estaba avanzadísima. El acuerdo entre Federación y Patronato de Apuestas Mutuas era un hecho, la red de este último por todo el país garantizaba una capilaridad inimaginable, e incluso existía consenso respecto al precio por apuesta. También se habían establecido contactos con el Ministerio de Hacienda, para allanar obstáculos y fijar tasas fiscales. En modo alguno iba a tratarse, por tanto, de apuestas clandestinas. Una cosa estaba clara: el beneficio de la nueva quiniela, en competencia abierta con el 1-X-2, iba a acabar con la mendicidad de clubes y Federación ante el Estado, tal y como ambos órganos tildasen ese 1 % arañado a las quinielas luego de largo tira y afloja, el 13 de noviembre de 1981. Una cifra raquítica según el sentir de los clubes, desde cuyo seno se proponía dar la batalla hasta lograr se les devengara el 5 % como mínimo.

Tanto la Federación como Pablo Porta, habrían sondeado incluso la posibilidad de percibir un canon vitalicio en condición de “derechos de autoría”, además de los porcentajes a acordar entre clubes y ente deportivo. Quien menos beneficio pudiera obtener con el invento parecía ser el Patronato. Tan sólo otro porcentaje y los gastos fijos del nuevo boleto, pero es que esos beneficios pudieran no compensarle mucho si llevaran aparejada una merma en las recaudaciones del 1-X-2. Fuentes próximas al Patronato apuntaron sibilinamente que las “Apuestas Alternativas” al menos constituirían una nueva fuente de ingresos para los despachos receptores, silenciando así sus repetidas protestas en demanda de más parte sobre el pastel. De cualquier modo, ante la eventualidad de que algo fallase, Porta barajaba otras tres opciones menos perfiladas.

Vaya por delante que el ínclito mandamás federativo no había inventado nada. En otros países coexistían distintas modalidades de apuestas deportivas, y en Inglaterra, por ejemplo, además de varias fórmulas consensuadas por las casas de apuestas, llevaba 30 años funcionando una “Superquiniela de Empates”. Además, sin apartarnos de nuestro suelo malvivía una quiniela hípica auspiciada por Ramón Mendoza, entre otros, durante sus días al frente del hipódromo madrileño y la cría caballar, en tanto se hablaba de otra posible controlada por la Asociación de Clubes de Baloncesto. Pero introducir otra futbolística eran palabras mayores, cuando el desarrollo del deporte español dependía del “1-X-2”. La decidida respuesta de nuestra Administración lo dejó bien claro de inmediato.

Romà Cuyàs y Vicente Calderón, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, venían reuniéndose con el propósito de abordar fórmulas tendentes a sanear la catastrófica situación de muchos clubes. El día 13, al salir de una, ambos lanzaron sus respectivas soflamas, eludiendo citar por su nombre a la ocurrencia de Pablo Porta, aun teniéndola muy presente. “Las quinielas no son del fútbol, si bien es cierto que se hacen sobre la base del fútbol profesional -por boca Cuyàs-. Aunque la situación no sea fácil, es preciso resolver problemas patrimoniales de insolvencia en los clubes, que dañan el prestigio de este deporte”. Vicente Calderón, dejando a Pablo Porta el papel de díscolo, quiso adornarse con un tono conciliador: “Pedir es fácil y conceder difícil. Pero soy bastante escéptico sobre este tema, aunque desde luego no estamos pidiendo el dinero de “Juan Español”. Nos atienden bien y con deseos de solución”. La exigencia de un 5 % sobre cada recaudación semanal de las quinielas, convertida en estandarte de los clubes, seguía sin convencer al Consejero Superior de Deportes. Los clubes ya habían dado cumplidas muestras de despilfarro en el más inmediato pretérito: “El Estado debe ser muy exigente, pues de aprobarse el porcentaje pretendido estaríamos hablando de poner en manos de los clubes tres o cuatro mil millones de ptas. Hemos de evitar se administren con ligereza, ya que en tal caso volvería a reproducirse la situación actual en poco tiempo”.

En suma, la Administración buscaba acabar con el libertinaje financiero, antes de comprometer dinero público en un plan de saneamiento. Difícil pensar que desde tal parámetro la iniciativa de Porta encontrase fanfarrias y alfombra roja.

Bien al contrario, se tradujo en consecuencias no sólo para él, de quien ya se esperaba poco bueno en la Administración, sino para el Patronato de Apuestas Mutuas, cuya actitud fue vista como traición inadmisible. Ni el presidente federativo iba a ver legalizadas sus “Apuestas Alternativas”, ni el Patronato seguiría encargándose del 1-X-2 por mucho tiempo. Como pudiera acarrear críticas la supresión de un órgano cuyo funcionamiento histórico sólo merecía loas, se planteó integrarlo en el ente de Loterías y Apuestas Estatales. Paralelamente se dio orden de preparar fórmulas que restasen protagonismo al 1-X-2, reciente foco conflictivo y previsible escenario de nuevos dolores de cabeza. A partir de enero de 1986 acabaría irrumpiendo la “Lotería Primitiva”, cuyos “botes” superiores a los 200 millones de ptas. iban a convertir en pura bagatela los antiguos récords quinielísticos. Pero antes, la F.E.F. sería embridada a conciencia.

Para ir a la guerra, el primer mandamiento exige cubrirse en retaguardia. Y las espaldas de Pablo Porta resultaban por completo vulnerables. En 1982, año mundialista de “Naranjito”, la F.E.F. había ingresado 4.000 millones de ptas., el 50 % para la organización del Campeonato y la otra mitad en concepto de subvenciones. Desde entonces venía eludiendo presentar ante la Administración ninguna contabilidad, pese a recibir cuatro requerimientos formales. Nada se sabía tampoco sobre los números de la Sociedad Ibermundial, participada al 50 % por la Federación, desde la que sólo se hizo llegar una declaración del Impuesto de Sociedades. La Intervención Estatal, entonces, requirió en vano y mediante sendos oficios a Ibermundial (agosto y octubre de 1983), la presentación de los libros mayor y de balances. Así las cosas, en noviembre los auditores estatales desembarcaron en la sede federativa, para encontrarse con “un auténtico rompecabezas”, en expresión literal recogida de un funcionario por la agencia EFE.

Lo hallado en Alberto Bosch no resistía ni media mirada al trasluz. Asientos confusos e incompletos, carencias documentales, inexistencia de lo que en puridad pudiera entenderse como contabilidad al uso. Por no haber, ni siquiera existía rastro de la liquidación de cuentas con la FIFA, circunstancia que hizo exclamar a uno de aquellos inspectores: “Cualquier empresa privada hubiese rechazado auditar a la Federación, por falta de elementos”. La catarata de despropósitos alcanzaba tal dimensión que sólo el informe provisional de los auditores ocupaba 500 folios, cuando fue dirigido al Interventor General de Estado. Desde dicha instancia, siguiendo el cauce legal llegaría hasta los ministerios de Economía y Cultura, antes de acabar en el Consejo de Ministros. Huelga indicar que ante los libramientos desatendidos, desde el 23 de junio la Federación no había visto un duro de subvención directa, y sus gastos se pagaban previa presentación de recibos, justificantes y facturas. Pablo Porta estaba contra las cuerdas, por mucho que se obstinara en dirigir un venablo envenenado contra la Administración, sirviéndose de gacetilleros e informadores.

Según aquella sucesión de notas, su departamento de administración estaba adaptado al plan general de contabilidad y realizaba el trabajo mediante un ordenador. Todos los documentos requeridos desde la Intervención estatal habían sido entregados, y por cuanto a las remesas dinerarias percibidas del Estado en 1982, su monto debía ser muy inferior. “Tan sólo” 750 millones para actividades, y poco más de 542 para inversiones en campos de fútbol. Durante el mismo ejercicio y siguiendo instrucciones de la FIFA, propietaria de la Copa del Mundo, se limitó a pagar los gastos ocasionados por la celebración del Mundial con fondos provenientes de venta de localidades. Todos esos documentos estarían archivados en la sede social de FIFA, en Zurich, y en ese sentido desde allí se habría corroborado tal aserto, felicitando incluso a la F.E.F. por su pulcritud. El resultado económico del Mundial 82 era público, puesto que su balance aparecía en el libro “España 82”. A tenor de lo acordado con la Administración española, se trató de no pagar en divisas ningún importe relacionado con la organización del evento, sino a través de ingresos en moneda extranjera. Y finalmente, en lo que olía a chanchullo, se proclamaba que “Ibermundial S. A., constituida con autorización de FIFA para la comercialización en España de determinados productos, estaba formada al 50 % por la sociedad monegasca Rofa Sport Management, y la RFEF. Con fecha 4-XII-1981, seis meses antes de iniciarse el mundial, se sustituyó de común acuerdo el 50 % sobre los beneficios sociales a percibir en la RFEF, por un importe fijo a través de documento tripartito firmado por Rofa Sport Management, RFEF y FIFA”. Mónaco era paraíso fiscal, y Rofa Sport Management entidad opaca, hasta la pura impenetrabilidad.

En opinión de interventores, altos funcionarios de Cultura y Economía, o en el seno del Consejo Superior de Deportes, Porta enhebraba excusas de mal gestor. Conservaban recibos de cada libramiento dinerario remitido a la Federación, acreditativos de que la inversión pública en el fútbol ascendió a 4.000 millones. Además, otros hechos sugerían que la desidia rebosaba en el ente federativo. Bastaba repasar el resumen de auditoría para empalidecer.

No estaban acreditados, u ofrecían acreditación insuficiente, el 63,89 % de sus gastos corrientes, y el 89,4 % de los de capital. Los auditores no dispusieron de actas correspondientes a la Asamblea general de clubes, de las juntas de gobierno y de los comités especiales. Tampoco se les facilitó escritos que por su naturaleza pudieran suponer reconocimiento de derechos y obligaciones para el ente, ni la documentación del Mundial 82, o concerniente a la participación federativa en la empresa Ibermundial. También se ponía énfasis en la extrema debilidad de los controles internos “que no permiten saber si su contabilidad recoge o no cuantas operaciones deberían tener reflejo”. El resultado más visible de tamaño desorden se tradujo en la reflejada suspensión de subvenciones, como medida transitoria, provisional y precautoria, derivada del artículo 25.3 de la Ley 13/1980.

Huelga indicar que desde la FEF se puso el grito en el cielo: “La Española, en clara indefensión”, tituló un escrito remitido desde la calle Alberto Bosch. Buena parte de los presidentes y portavoces de clubes amagaron convertirse en guardias de corps apelotonados en torno a Porta: “Nadie debería entrometerse” (Luis De Carlos, Real Madrid); “Hagan lo que hagan, el fútbol no morirá” (Casaus, del F.C. Barcelona); “Una medida irracional. La Federación deberá tomar medidas, porque en ello le va la supervivencia” (Armando Sisqués, R. Zaragoza); “Como presidente del Cádiz manifiesto mi solidaridad total con la gestión de Pablo Porta, y como miembro de su Junta directiva también” (Manuel Irigoyen, Cádiz); “Si Pablo Porta abandonara la presidencia de la Federación Española, sería un golpe terrible para el fútbol español” (Manuel Aguiar, presidente de la Territorial de Las Palmas). Aunque en honor a la verdad, también hubo quien optó por ponerse de perfil, como Vicente Calderón. Su recadito al “culé” José Luis Núñez, con quien mantenía un larvado enfrentamiento, luego de calificarlo públicamente como pirómano, fue cualquier cosa menos críptico: “Quien debería contestar a esto es Núñez, vicepresidente económico de la Federación. Es él quien maneja en realidad los caudales”. Huelga indicar que desde AFE se apoyó incondicionalmente a Cuyàs y el CSD. Todo lo que perjudicase a Porta, como presidente federativo, forzosamente debía venirles bien, no en vano D. Pablo llevaba años ejerciendo de experto dinamitero en la voladura de cualquier posible acuerdo con los clubes.

Animado por los compromisos de adhesión remitidos también desde las Territoriales, Pablo Porta cayó en la ligereza de creerse un nuevo César Imperator. “Esta bala no busca sólo mi cabeza” -dijo-. “Y al primero que hable de malversación de fondos le meto una querella”. Desde algún territorio surgieron voces llamando a una guerra santa contra la Administración. Otras no menos belicosas, surgidas de Alberto Bosch, apostaron por cortar el acueducto del CSD, buscando el ahogo de todo el deporte nacional. ¿Cómo? Haciendo que los nombres de los clubes desapareciesen del boleto quinielístico. Bastaba con sortear el calendario jornada a jornada, impidiendo a la Fábrica de Moneda y Timbre imprimir las papeletas con tiempo para su distribución por los despachos. La experiencia acreditaba que cuando hubo de recurrirse a boletos en blanco, las recaudaciones arrojaron caídas espectaculares. “Entonces se reconocerá cuántos estómagos comen del fútbol”.

Más que un torpedo, aquello hubiese sido una bomba atómica. El Consejo Superior de Deportes obtenía del 1-X-2 en torno a los 2.000 millones de ptas. anuales, y otro tanto las Diputaciones para sufragar la construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas. Aunque en paupérrimas condiciones, el fútbol podría vivir de sus taquillas y sponsors, del incipiente “marchandising”, y si era preciso de rifas, televisión y bolos veraniegos. Pero otros deportes, y hasta quizás el propio CSD, tal vez rodaran sin puntilla.

El 2 de julio, tras una reunión con su Junta de gobierno, el presidente federativo compareció ante los informadores de muy buen humor y haciendo gala de optimismo. Desde tan buen estado de ánimo, regaló no pocos titulares: “No queremos dialogar a través de papeles sellados, sino cara a cara”. “No entiendo cómo mi sola presencia puede poner a unos señores políticos tan nerviosos. Si sólo soy un insignificante abogado de provincia”. O “¡Ni que el problema de la economía española fuera el fútbol!”. Pero por si acaso, atacar con las quinielas quedaba de momento en el congelador. Podía ser ese un mal paso sin vuelta atrás, conforme habría de advertir el propio ministro Solana, durante una reunión con federativos: “La Administración quiere transparencia. Que nadie busque una guerra Cuyàs-Porta, porque no la hay”. Tampoco quiso pasar por alto un posible pulso con las quinielas como fondo, al afirmar tajantemente: “Tenemos respuesta para el chantaje a las quinielas”. Pero obviamente, se esforzó por llevar la situación hasta su marco más real y genuino: “La auditoría del 82 resulta imposible”. Y algo así ni era de recibo, ni había sido hasta entonces objeto de un debate profundo.

En la lista de discrepancias remitida desde la FEF al CSD, tras ser auditada por técnicos de Hacienda, nada se decía respecto a los casi 200 millones de ptas. en litigio desde 1978, cuando otra auditoria destapase ingentes cantidades de fango. Entonces el tribunal de Cuentas dictó sentencia condenando a la devolución de esa cifra desde el órgano futbolístico (198.463.163 ptas., exactamente). Como el Ministerio Fiscal recurriese aquella sentencia por posible defecto de forma, desde entonces tan jugosa cifra parecía yacer en una especie de limbo. El 14 de diciembre de 1983, con la promulgación de una nueva Ley Orgánica regidora del Tribunal, volvió a tratarse aquel asunto. Todas las alocuciones se refirieron al reglamento de 1935, bien o mal aplicado, sin que ello afectase en el fondo a la exigencia del pago. Cuando el Tribunal de Cuentas dejó visto para sentencia el caso, nadie dudaba que esos 200 millones de ptas. deberían ser devueltos por la Federación. El día 28, seis después de resolverse el recurso y tradicional fiesta de los Inocentes, Pablo Porta recibió lo que sin asomo de inocentada constituía otro revolcón: Tocaba devolver los más de 198 millones, con intereses de demora.

El pliego judicial destacaba el carácter de subvención con cargo a fondos públicos achacable a todas las cantidades percibidas desde el Consejo Superior de Deportes, y la obligación federativa, como todo subvencionado, de rendir cuenta puntual y justificada sobre su empleo. Ratificaba igualmente, la correcta actuación del Ministerio de Hacienda cuando procedió tanto a fiscalizar el destino de dichas sumas, como instando a la reintegración de inversiones no adecuadas. La Federación, en suma, venía percibiendo cifras que no invertía en el ejercicio previsto, llegando a retener hasta 300 millones.

Como es fácil convertir en astillas al árbol caído y todos comenzaban a dar por derribado a Pablo Porta, distintas simonías, malos gestos y corruptelas del presidente federativo comenzaron a ver la luz. José María García se preguntó desde las ondas qué costo tenían para los españoles esos viajecitos en coche oficial de la presidenta consorte, cuando decidía irse de compras, o si se contrató al chófer de la Federación para pasear el perro salchicha de Don Pablo. “Marca” también se sumó al acoso y derribo, aireando el costo para los contribuyentes de tanto traslado Barcelona-Madrid y viceversa, como acostumbraba efectuar el mandamás federativo. E incluso cuánto pagaba por alojarse en el Hotel Ritz, de cinco estrellas. Una denuncia en toda regla de trato favorecedor, “por ser vos quien sois”: “Resulta que a Porta le hacen una rebajita, una cosa discreta, como a cualquier otro”. El precio de las habitaciones individuales en ese establecimiento oscilaba entre las 10 y 11.000 ptas., según ofreciesen vistas exteriores o a interior. El todavía presidente pernoctaba semanalmente entre tres o cuatro noches y era alojado en alcoba doble, aún más cara. “Pues Porta, que tiene una dieta federativa diaria de 4.000 ptas., paga 4.200 por lo que debe ser lujosa habitación, incluyendo el desayuno. Luego, claro, va diciendo por ahí que él duerme en el Ritz por sólo 200 pesetas. Así cualquiera”.

Tanto antes como ahora, en este país se pasa de la veneración al cadalso en escasas horas, y quien rigiese durante casi tres lustros el balompié nacional no se libró de tan amargo tránsito, al menos metafóricamente. Bastó otro rifirrafe, uno más entre clubes, para que en junio unas filas tan aparentemente prietas comenzaran a resquebrajarse. El teórico detonante fue una reunión entre Romà Cuyàs y Vicente Calderón, para hablar sobre lo que el gobierno quería del fútbol y discutir fórmulas destinadas al saneamiento de los clubes. Desde la Federación se frunció el ceño cuando se supo que un borrador del reglamento de la Liga Profesional obraba en manos del CSD, sin paso previo por el tamiz federativo. El barcelonista Núñez, en su condición de vicepresidente de la Española, habría sido el primero en sentirse ninguneado. Calderón, por su parte, defendió la idea general que sobre el fútbol le transmitiese Cuyàs, o sea la propugnada por el partido en el poder. Y el propio Cuyàs, para colmo, se adornó con algunas declaraciones hirientes. Refiriéndose a Porta, dijo: “Tendrá cola de paja cuando se quema tan rápido”. Y “es un hipersensible; no debería darse siempre por aludido”. Luego José Luis Núñez, en su turno vicepresidencial durante un pleno, quiso arremeter contra la Administración y el tiro a punto estuvo de salirle por la culata, hiriendo a la propia Federación: “Si hay fútbol es por los clubes”, dijo. De inmediato le enmendaron: “Querido José Luis, yo diría que en esta Federación también hacemos algo para que haya fútbol los domingos”. Núñez, entonces, ya disparó sin salvas: “No hay auditorías para los 6.000 millones que cobran las Diputaciones. Nadie les pide cuantas. Luego resulta que los malos somos nosotros”.

Pero durante ese mismo acto, fue el Real Madrid quien puso el explosivo, al afirmar tajantemente: “No comulgamos con la política de la Federación. Hay que tener extremo cuidado al manejar fondos públicos”. Muntañola, directivo barcelonista, vino a asegurar que estaba desviándose el objetivo asambleario, y que nadie debía llamarse a engaño, puesto que existía conflicto con la Administración. Calificó incluso de “alcaldada” la orden ministerial con que se congelaran las subvenciones. El Sr. Laforgue, vicepresidente del Real Madrid, llegados a este punto se ausentó del pleno, dolido, según manifestó tras regresar al mismo, por los insultos y alusiones que hacia su entidad vertiese “un representante de la Federación Española, mientras desarrollaba su despliegue económico”. Ese representante no era otro que José Luis Núñez. A pocos pudo extrañar que ya en los pasillos, la representación “merengue” proclamase: “El tiempo del señor Porta ha pasado”.

No le faltaba razón. Finalizaba marzo de 1984 cuando un Real Decreto puso boca arriba a buena parte de las federaciones deportivas españolas, sin esquivar a la de fútbol. Tanta era su trascendencia que el propio ministro de Cultura y Deportes, Javier Solana, quiso exponer su punto de vista desde los micrófonos de Radio Nacional: “Se trata de democratizar y revitalizar las estructuras deportivas españolas, y más concretamente las del deporte federal. Con este Decreto trata de ponerse en marcha un proceso que nos lleve a una mayor participación y mejores condiciones hacia el deporte profesional, con vistas a 1992”.

Se pensaba, claro, en la posibilidad de acoger en Barcelona los Juegos Olímpicos, empeño propagandístico para el que los nuevos gobernantes no iban a escatimar dinero ni esfuerzos. Tras esta introducción y como los textos jurídicos suelen atragantarse con facilidad, buena parte de los españoles comenzaron a tener una idea de lo que ese decreto representaba, por voz del ministro: “Existen medidas democratizadoras, para hacer más representativo el deporte en las estructuras federadas, puesto que las normas anteriores no eran del todo satisfactorias, ni para la Administración ni para el deporte en sí. En múltiples instancias, no solamente nacionales, sino internacionales, existen limitaciones de mandato. En el deporte internacional, esos límites son mucho más estrictos que los planteados en este Decreto, donde se indica que los presidentes no pueden durar más de 12 años. En la actualidad existen presidentes con 20 años en el cargo. Se busca, pues, dignificar y revitalizar cuanto por razones de la propia normativa era difícil, propiciando el anquilosamiento de algunas estructuras”.

Bello florilegio para no decir que Pablo Porta pasaba a ser historia mediante una fórmula, si bien legal, tan sólo a falta de contener su nombre y apellido. Con muy medidas palabras, para no chapotear en charcos, el eficaz ministro concluyó su disertación anunciando el futuro desarrollo de una Ley del Deporte, arguyendo que si ahora se trataba de convocar elecciones federativas, “todos estos temas podrían anularse por la vía del Decreto, de ahí que ya se esté trabajando en una Ley tendente a resolver cuestiones más importantes que la de elegir presidentes para las federaciones”.

La oposición política se enzarzó de inmediato en acusaciones. Gabriel Camuñas, portavoz adjunto en la Comisión de Cultura del Partido Popular, dijo: “El procedimiento utilizado para impedir la reelección de determinados dirigentes del deporte, es abusivo, sectario, y no respeta los más elementales principios de nuestra Constitución, transgrediendo las normas de cualquier Estado de Derecho. Nadie niega la bondad de ciertos cambios en la cúspide deportiva, o que nuevos aires e ideas puedan ser beneficiosos para el deporte español, pero el procedimiento utilizado responde al más puro corte estalinista”.

Ni un solo medio informativo evitó pronunciarse al respecto. Con la democracia, incluso durante sus días más titubeantes, habían surgido periódicos y revistas como “El País”, “Cambio16” o “Diario 16”, y emisoras radiofónicas como “Antena 3”, apologetas del aperturismo en mayor o menor medida. Igualmente, desvanecida la antigua prensa del Movimiento, varias de sus cabeceras, ya en otras manos, defendían tesis diametralmente opuestas a su anterior línea ideológica. Todas ellas se enseñoreaban para entonces de buen número de kioscos u ondas hertzianas. Pero incluso ante tal panorama, sorprendió la dureza empleada por “Marca”, en su origen falangista y hasta hacía poco escrupulosamente abrazado a la equidistancia. Su modo de iniciar un artículo colectivo el 28 de marzo de 1984, daría para alguna tesis sobre camaleonismo mediático:

“Pablo Porta Busons. Abogado. Valenciano de Alginet. Sesenta años. Cuarenta y seis centímetros de cuello. La soga, pues, a esa medida. El todavía presidente de la Federación Española de Fútbol no se da por derrotado. Ni tira la toalla en lo que él llama “discriminación en mi ilegibilidad por retroactividad negativa”. La FEF por él presidida no ejercerá ninguna acción, aunque añada: pero por mi parte estudiaré la cuestión, por si el precedente se encuadrara en lo inconstitucional”.

Ante redactores de ese mismo rotativo, Porta presumió acerca de que los 677 millones reclamados a su Federación por un juez instructor, quedaran reducidos a 198 según fallo del Tribunal de Cuentas. Así como que a la Federación no se le imputara ni una simple negligencia en la utilización de fondos. “Porque el error de no emplearlos en su totalidad fue consentido por el C.S.D. Ni una peseta estuvo injustificada o mal justificada. De modo que saldré por la puerta grande y no con la cabeza baja, como si la gente del fútbol me hubiese retirado su confianza. La Administración sabe que si Pablo Porta se presentara saldría como presidente”. Diría adiós, no a uno cargo, sino a seis, puesto que ninguno de ellos respondía a designación directa de Joao Havelange, presidente de la FIFA. “Me eligieron en el Congreso de Estambul como miembro del Comité Ejecutivo, y luego éste me nombró para los que todavía mantengo”. Claro que al mismo tiempo aprovechó la ocasión para enviar recaditos: “El fútbol sabe gobernarse solo, sin necesidad de que el Estado lo tutele. En ningún país occidental ocurre lo que ha sucedido aquí”. O este otro, aún más mordaz: “Mi sangre bulle al vislumbrar que de las quinielas se dedican a fines deportivos 22.000 millones de ptas., mientras para los 500.000 jugadores de fútbol y las selecciones nacionales sólo se aportan 750 millones. El 4 %. ¿Acaso el fútbol representa un 4 % del deporte español? No puedo transigir ante eso, ni permitir agresiones al fútbol”. Boxeador en su época estudiantil, hasta proclamarse campeón universitario, solía servirse de símiles boxísticos ingeniosos: “Este Real Decreto incapacita al árbitro, por descalificar a un púgil que sólo ha levantado una ceja, únicamente porque yo no soy interlocutor cómodo”. Como despedida, y al ser requerido acerca de si pensaba enzarzarse en una guerra judicial contra el gobierno, citaba a Maquiavelo: “Si quieres atacar al poder, ten la seguridad de hallarte capacitado para destruirlo”.

Al día siguiente la prensa se hacía eco de que Barcelona iba a presentar su candidatura olímpica, que los presidentes federativos conminados a cesar en sus cargos, por detentar el poder antes de 1975, eran 16 incluyendo a Porta, y que el ministro Solana veía imprescindible una inyección de savia nueva. Como curiosidad quede el desglose de los otros 15 presidente no elegibles por acumular tres mandatos: Luis Mª Puyo (Actividades Subacuáticas), Ernesto Segura de Luna (Baloncesto), Luis Puig (Ciclismo), Francisco Soler (Culumbicultura), Fernando Compte (Lucha), Luis Soriano (Motociclismo), Enrique Landa (Natación), Antonio González (Patinaje), Ricardo Sánchez (Pentatlón Moderno), Luis Vázquez (Polo), Félix Erdocia (Remo), Pablo Lloréns (Tenis), Miguel Company (Vela), Alberto Portell (Voleibol) y Guillermo Cabezas (Minusválidos). Para algunos, aquella cesantía solo supuso una toma de impulso hacia cargos de mayor relevancia. También desde la prensa, Pablo Porta siguió lanzando avisos: “Era consciente desde hace diez o doce días, por filtraciones, de que el Consejo de Ministros preparaba una proyecto de ley relativo al deporte. Pero nunca me creí tan importante como para ser tema en un Consejo Ministerial. No tiraré la toalla. El gancho lo daré cuando ya no sea presidente de la Federación, contando algunas cosa que, por mi cargo, ahora no podría decir”. Palabras recogidas por la agencia EFE, sazonadas, a manera de colofón, con alguna dosis de socarronería: “Espero que si alguien brinda con champán porque tenga que irme, no se le suban las burbujas a la cabeza”.

Como buen boxeador, Porta nunca anticipaba la dirección del golpe. Y si amagaba por un lado, lo razonable era esperar su guantazo por otro sitio. Pero una cosa parecía clara: jamás pensó que Javier Solana pudiera jugársela. Las amables palabras que le dirigiese meses después, cuando en setiembre de 1984 sondearan su impresión personal sobre los ministros de Cultura o jerarcas de la política deportiva con quienes tratase, tenían mucho de deportivo reconocimiento hacia al campeón: “Fueron once. Herrero Tejedor, Suárez, Osorio, Pío Cabanillas, Clavero, De la Cierva, Iñigo Cavero, Soledad, Ignacio García López y Solana. De nueve guardo grato recuerdo. El de ahora (Solana) me parece inteligente y culto. Con un léxico fácil, rico y diciendo cosas interesantes, porque no estar de acuerdo con una persona no implica desafío. La mala suerte es que no coincidimos en cómo debe dirigirse el fútbol. Mala suerte para mí, porque es él quien manda. Es de los más preparados que he conocido, junto con Pío Cabanillas”.

Por esas mismas fechas y mientras preparaba la mudanza, distintas declaraciones suyas pudieran antojársenos premeditado testamento profesional y político, puesto que tocaban numerosos polos. Sobre el retrato robot ideal en su sucesor, pidió: “Capacidad de sacrificio y valentía, adhesión hacia él de quienes gobiernen, independencia profesional, de colores deportivos y económicos; ser interlocutor incómodo”. Fustigó a la Administración sirviéndose de su última Asamblea, ante la misma cara de varios miembros del PSOE: “Esta intromisión decapita nuestra independencia, constituye un asalto al Derecho Público. Y no voy contra el Decreto, sino contra sus consecuencias”. Sembró cizaña ante los informadores encargados de cubrir aquel acto, tomándoles el pelo: “Sería una exclusiva deciros a quién considero capacitado para sustituirme. Quizás el hombre del Martos sea un buen elemento”. Se refería a Julio Pulido, con quien mantuvo un tenso diálogo, tachándole de vocinglero, antes que portavoz de una concreta ideología política. Todo ello entre una suma de malos augurios: “Con el intervencionismo ya no es el fútbol quien elige a los hombres del fútbol. ¿Hay algo de modernidad en ello?”. Brotes de altanería: “Soy católico y practicante, No tengo odios, ni leves ni africanos. Eso sí, quiero afirmar que para bien o para mal me voy formando parte de la historia del fútbol español. En cambio algunos de los que me combatieron y me combaten, no pasarán de anécdotas en el deporte. A mí me han echado criterios apriorísticos, sin nada que ver con el fútbol”.  Y una especie de ahí os quedáis, a ver cómo lidiáis este toro: “Va a ser una despedida acongojante, no en el aspecto subjetivo y personal, sino por cómo va a empezar el fútbol esta temporada. No hay acuerdo con las quinielas. Tampoco, todavía, con la radio, el Banco Hipotecario… Y ahí está la huelga de jugadores. Visto además el momento de los clubes españoles, la persona que venga como presidente y debute, va a tener muchos frentes ante sí. No es que sea una situación irreversible, sino que se ha dejado pudrir. Mi teoría siempre ha consistido en evitar se creen problemas, porque resolverlos nunca es bueno. Las cosas se arreglan dando la razón a unos, a costa de quitársela a otros. Por eso yo siempre he evitado los problemas”.

Tan sólo un par de matizaciones. Imaginar una política genuflexa ante el fútbol o cualquier otro deporte, era habitar en quién sabe qué mundo paralelo. Parecía venir de una Arcadia feliz, y no del régimen que en 1939 anunciase el fin de una época “donde el balón se movía ajeno a directrices”. Es decir a mandatos políticos. O que ese mismo régimen utilizó durante 40 años, tanto el fútbol como cualquier otra manifestación popular o de asueto. Y con respecto a los problemas que dejaba en herencia, ni uno sólo había surgido de chisteras rociadas con polvillo de ilusionista. Fueron sus problemas, aquellos que nada hizo por resolver, los que acabaron convirtiéndose en tumoración gangrenosa, precisamente por no cauterizarlos a tiempo. ¿Cómo hubiera podido hacerlo, quien alardeaba de lavarse las manos ante cualquier situación delicada?

Todavía antes de cesar en sus funciones, Porta siguió siendo noticia. El 22 de noviembre de 1984, porque quedaban vistas para sentencia las demandas que presentase contra el periodista radiofónico José María García, al sentirse insultado desde las ondas, y contra TVE, considerándose difamado. En el pliego de cargos se tildaba de insulto el remoquete de “Pablo, Pablito, Pablete”, tan caro para García, reservando el apellido presidencial a las ocasiones en que se refería al perro del demandante, de nombre Oscar, para el radiofonista “Oscar Porta”. Se solicitaba una indemnización de 10 millones de ptas., destinadas al fútbol modesto, según expresó en la sala el abogado demandante, aunque la denuncia escrita recogiese más vagamente “para las necesidades de la Federación que él mismo preside”. RTVE había emitido un reportaje presuntamente difamatorio. Varios años después, el mismísimo José Mª García reconoció, no sólo acerca de esta cuestión, sino evocando otros tropiezos judiciales: “Si me hubiesen aplicado la legislación entonces vigente, tendrían que haberme condenado. Por suerte para mí hubo jueces con una visión más moderna”.

El 22 de noviembre de 1984 Porta se despidió de los medios informativos barceloneses, sin ahorrar críticas a la Administración: “Me han echado como se expulsa de los cabarets de lujo a gente con smoking, por beber una copa de más. Pero no tiene mayor importancia; me da igual irme en el 84 que en el 85”. Señaló también que no dejaba el fútbol, porque iba a seguir ocupando un cargo en la UEFA, sin descartar otras posibilidades en la FIFA, “si se diesen las circunstancias, y mi amor por este deporte así me lo aconsejase”. Y por supuesto reivindicó su papel como mandamás federativo: “Decir que los dineros del fútbol están mal administrados, cuando es el propio fútbol quien genera a través de las quinielas todo el presupuesto del deporte nacional, me parece una maniobra malévola. Máxime si sólo se le permite beneficiarse de una parte ridícula. Las Diputaciones no tendrían mayor problema cediendo un par de puntos, o incluso 3, sobre su 33 %. Podrían seguir organizando carreras de camas, de sillas o cross populares, en los que mueren dos o tres atletas de infarto”. Haciendo gala de socarrona elocuencia, añadió: “En el fútbol se ha administrado mal cuando todo iba bien, y hoy, cuando todo va mal, está administrándose bien. Lástima que la carga financiera que padecemos imposibilite cualquier milagro”.

Una vez más eludía la autocrítica. Cierto que su mandato estuvo cuajado de problemas: Los oriundos de pacotilla; las demandas judiciales de Athletic Club y Real Sociedad, impugnando alineaciones ilegales luego de acreditarse que numerosos oriundos jugaban con papeles falsos; la conflictividad con futbolistas sindicados; una paulatina pérdida de peso y funciones federativas, tras constituirse la Liga de Fútbol Profesional; su fallida apuesta por una quiniela paralela o la ruptura de relaciones entre clubes y TVE, para televisar partidos en directo… Pero esos manglares acabaron llenándose de cocodrilos por su absoluta inacción. Ni puso ante la Justicia un centenar de documentos falsificados, ni medió entre futbolistas y clubes, como era su obligación, anticipando mediante dicha inacción el advenimiento de una Liga Profesional cada vez más poderosa. Y por supuesto nunca quiso entenderse con la Administración. Cuando se remangó para hacer algo -el asunto de las “apuestas alternativas”-, puso ambos pies en el cadalso, sentenciando, de paso, el futuro del propio Patronato de Apuestas Mutuas y al 1-X-2. “Tenemos respuesta para el chantaje de las quinielas”, había anunciado Javier Solana. Esa respuesta fue la Lotería Primitiva, ante cuyo rápido reparto de premios muy suculentos, la quiniela, otrora sueño en tecnicolor para una España en blanco y negro, perdió clientela irremisiblemente.

Porta supo esperar, hasta la aplicación de un buen gancho a la Administración española, tal como anunciara. Tres años, nada menos. Treinta y tantos meses urdiendo planes, calentando sillas y despachos en Zúrich, sin perder de vista al adversario. Por el camino vio caer a Romà Cuyàs, con quien por supuesto mantuvo una guerra abierta. Y en aquella caída tuvo muchísimo que ver la falta de paciencia. Cuyàs era hombre directo, poco dado a los paños calientes, y la defenestración de Pablo Porta disparó muchas alarmas, sobre todo en el seno del Comité Olímpico Español, órgano intocable durante más de 40 años, desde que en 1939 el General Moscardó fuera designado su presidente, al tiempo que máximo responsable del deporte nacional. Luego ese órgano estuvo inequívocamente unido a la camisa azul con flechas, a la Falange -recuérdese el largo mandato de Elola-Olaso-, o mejor dicho a su facción más devota a la política franquista. Estaban acostumbrados a hacer y deshacer, sin injerencias ni fiscalizaciones. De manera que cuando Solana y Cuyàs embridaron a Pablo Porta, les dio por pensar si ellos no serían los siguientes en su lista. Así que tomaron medidas, sintiéndose respaldados por el presidente del COI desde 1980, Juan Antonio Samaranch. Un simple error de frenada se tradujo para Cuyàs en apertura de expediente sancionador, lo que implicaba, suponiendo prosperase, la temporal cesantía en sus funciones. A Romà Cuyàs aquello siempre se le antojó desproporcionado, y tanto Solana, su ministro, como él, entendieron admirablemente a qué respondía todo. Pudo haber tendido cables, pero su carácter le indujo a lo contrario: “Es injusto -señaló-, y en mi opinión tal medida carece de sustento legal. El deporte sigue aferrándose a prácticas del pasado, sin advertir que éste ya no es ni puede ser el país de los años 50, 60 ó 70. La democracia y de su mano la transparencia, exigen la abolición del antiguo centralismo. Se acabó la época de hacer y deshacer, sintiéndose intocables”.

Hubiera sido otro frente abierto para la Administración, y éste por demás inoportuno cuando se pretendía optar a unos Juegos Olímpicos en Barcelona. De manera que Javier Solana sacrificó a su peón en el ajedrez político. Cuyàs sería sustituido por Gómez-Navarro, más adelante responsable de Comercio y Turismo.

Pablo Porta, sin embargo, no se dio por satisfecho. Como antiguo púgil, sabía que lo importante no es cobrarse asaltos, sino ganar combates. Desde que abandonara la FEF era hombre apreciado en FIFA y UEFA, donde gestionaba un área organizativa, y se le tenía por hombre próximo al brasileño Joao Havelange, longevo presidente de la FIFA. Tanto Porta como Havelange profesaban un credo refractario a controles e injerencias, y eran proclives a incurrir en decisiones autoritarias. Porta pudo ser más cuidadoso con las apariencias, pero Havelange ni siquiera se escondía, puesto que llegó a afirmar, muy ufano: “Algunos dicen de mí que soy un dictador, y tal vez tengan razón. Pero si caso puedo ser un dictador constructivo, por lo tanto bueno”. De manera que cuando el expresidente de la Española tuvo conocimiento sobre la aplicación del Decreto 1006/1985, y que un mes después la Federación Española aprobase unos nuevos estatutos denegados por la junta directiva del Consejo Superior de Deportes, ya no tuvo dudas: Su momento había llegado.

El Decreto 1006, importantísimo para las relaciones entre clubes y futbolistas, será objeto de análisis en otro capítulo. De momento baste con saber que los artículos denegados a la Federación Española pretendían paliar o limitar considerablemente sus efectos, así como denegar a futbolistas y clubes todo derecho a resolver cuestiones deportivas en cualquier juzgado. Circunstancias, sobre todo la última, que bien presentadas pudieran ser objeto de expediente sancionador al país, por interferencias gubernamentales en el libre desarrollo de su Federación balompédica, con posible desagüe en una expulsión temporal tanto de los torneos reservados a selecciones, como de aquellos donde intervinieses clubes. Y si pese a ello no cesaran las injerencias políticas, FIFA y UEFA podrían retirar a España sus respectivas matrículas. No era, pues, un asunto para ser tomado a broma.

Primero desde Zúrich se deslizaron avisos, después declaraciones desabridas y finalmente, luego de que nuestra Administración manifestase voluntad de tender puentes, se otorgó una moratoria de seis meses hasta que el presidente del Consejo Superior de Deportes -presentado por el protocolo de FIFA y UEFA como ministro-, compareciese en la mansión de Sonnenberg (Monte del Sol), templo de FIFA donde Joao Havelange y su mano derecha, Joseph Blatter, ejercían de sumos sacerdotes. La cita tuvo lugar el lunes 27 de abril de 1987, si bien a lo largo de los días previos una cohorte de subalternos pugnó de lo lindo en la delimitación de lindes por ambas partes.

España adujo que eran FIFA y UEFA quienes debían someterse a la legalidad de los países soberanos, y no a la inversa, que detrás de cada gobierno democrático estaba la voluntad ciudadana, en cuyo nombre los electos dictaban normas y leyes. Bien al contrario, ninguno de los dos organismos futbolísticos supranacionales se caracterizaba por su trasparencia democrática. Blatter, antiguo futbolista aficionado, coronel del ejército suizo desde hacía tres años, con cargos en la FIFA desde 1975 y a partir de 1981 detentor de la secretaría general -rango equivalente a una dirección ejecutiva-, respondió invocando el artículo 48 de los estatutos de FIFA, según el cual todos sus miembros renunciaban tácitamente a resolver litigios en los tribunales ordinarios de Justicia. Justo lo que no estaba ocurriendo en España desde que los jueces fijaran cuantías indemnizatorias, apoyándose en el Decreto 1006, cada vez que un futbolista deseaba resolver su contrato en vigor, para fichar por otra entidad a cambio de más dinero. Desde España se replicó que eran las arcas públicas quienes mantenían vivo al fútbol hispano, puesto que el plan gubernamental para sanear la catastrófica economía de muchos clubes impidió un reventón general. Blatter puso el ejemplo de Francia, donde estaba ocurriendo algo muy similar sin conculcaciones del artículo 48. Y todavía portavoces españoles incidieron en las reiteradas llamadas al orden dirigidas a UEFA desde los responsables de Trabajo en la CEE. Europa exigía la libre circulación de trabajadores por todo el territorio asociado, mientras algunas Federaciones de fútbol, como la italiana, seguían estableciendo límites a la importación de jugadores con el beneplácito de la propia UEFA. Esa, claro, no era cuestión debatible para Joseph Blatter ni sus acólitos.

Los más hábiles negociadores suelen estirar cualquier diferencia hasta lo imaginable, esquivando a última hora con un volantazo el choque teóricamente inevitable. Sólo se trata de una táctica, en la que Blatter era maestro. Primero fue la Administración española quien dejara caer el quebranto económico y de prestigio, que también para FIFA y UEFA representaría perder a un país tan futbolero como España, y a renglón seguido desde la FIFA aseguraron “respetar los regímenes políticos de todos los países, no en vano aglutinamos a 158 Federaciones afiliadas; pero lo que no podemos aceptar son injerencias políticas, vengan de donde vengan”. Se señalaba sin citarlo a Yugoslavia, cuyo Tribunal Constitucional acababa de anular unas decisiones de aquella Federación, sobre el monumental escándalo resultante de amañar varios partidos en su Liga. Tema que por cierto iba a ser tratado el 11 de junio. Todavía fuentes españolas adujeron que cualquier posible castigo pudiera llevar aparejado el fin del fútbol profesional en nuestro suelo. Si ni los clubes españoles o su selección llegaran a medirse con formaciones extranjeras, carecía de sentido seguir inyectando dinero público para sanear entidades. Se volvería así a la época “amateur”, quién sabe si sentando un precedente cuando los gobiernos de Inglaterra, Francia, Italia, o buena parte de Sudamérica, contemplaban con suma preocupación la mala salud económica del deporte rey, luego de múltiples desmanes.

Inamovible, Blatter siguió manteniendo que toda injerencia debía cesar cuanto antes. Y el chileno Miguel Galán, jefe de competiciones, argumentó que únicamente se había consentido un precedente en el caso de la asociación de Zimbabue, “donde tuvo que intervenir el gobierno, porque al parecer hubo problemas económicos con algunos directivos”. ¡Sólo faltaba!, clamaron a coro varios comentaristas deportivos. ¡Que la FIFA impida meter en la cárcel a una cuadrilla de directivos chorizos, sería el colmo!

La sangre no llegó al río. Cuando Javier Gómez-Navarro se sentó a debatir con Havelange y Blatter, las respectivas posturas estaban muy próximas. El brasileño ejerció de hombre bueno, en tanto su mano derecha actuaba como “poli” malo. Consejo Superior de Deportes y FEF se encargarían de adaptar los estatutos de ésta a los del órgano supranacional. Luego casi todo fueron valses, violines y flores. Gómez-Navarro expresó “el agradecimiento del Gobierno español al presidente de FIFA, por su firme apoyo a la candidatura de Barcelona en los Juegos Olímpicos de 1992”. Havelange respondía con alabanzas al fútbol español: “Uno de los más importantes de Europa, que a través del Real Madrid fue fundador de la Federación Internacional en 1904, mediante acuerdo adoptado en París por ocho países”. Y Joseph Blatter, fiel en su papel de escudero ácido y sentencioso, blandía el rejón de castigo: “A través de sus hombres, especialmente Pablo Porta, el fútbol mundial se ha enriquecido durante muchos años. Porta es una personalidad extraordinaria, que afortunadamente para todos nosotros ahora tiene más tiempo de dedicación a la FIFA. Pero tampoco podemos olvidar a otros españoles como el doctor Teodoro Delgado, Benito Castañeda, Pedro Escartín, Pablo Sánchez Ibáñez, y todos los que trabajaron en la organización del Mundial 82, un Campeonato que significó la apertura a la universalidad de nuestro deporte”.

Romà Cuyàs hubiese empalidecido de hallarse ese día en los zapatos de Javier Gómez-Navarro.

Pablo Porta no obtuvo una victoria por KO, sino a los puntos, y más bien raquítica. Porque de retorno a España, Gómez-Navarro tampoco es que consensuase mucho con José Luis Roca, para entonces heredero de la poltrona que Porta se viese obligado a empantanar. Si el Decreto 1006 constituía un gran obstáculo, pues se adaptaba y en paz. A los futbolistas no iba a impedírseles abandonar sus clubes antes de vencer el contrato, puesto que tal actitud chocaba con derechos de otros trabajadores, libres para actuar de modo similar. Bastaría con que las indemnizaciones no fuesen fijadas por ningún juez. Se contemplaban en el instante de suscribir contratos, y todos contentos. FIFA, UEFA y FEF, ante la ausencia de injerencias. Los futbolistas y su sindicato, porque esas cantidades serían fruto de la negociación. Y los clubes porque al menos iban a saber de antemano a qué atenerse. Nacieron de ese modo las cláusulas de rescisión, modalidad genuinamente española, puesto que en otros confines muchas entidades siguen reservándose el derecho a no aceptar ofertas por sus futbolistas con vigencia contractual.

Menos encaje en el birlibirloque tuvo lo del artículo 48 de la FIFA. Ahí sí claudicó Gómez-Navarro, o si se prefiere el gobierno español. Porque la primera versión propuesta para su inclusión en los Estatutos de la FEF, sería retocada desde el máximo órgano supranacional, no con tachones o matices, sino mediante un amplio añadido.

Ésta fue la propuesta inicial:

“La Real Federación Española de Fútbol, sus clubes afiliados y las personas físicas o jurídicas integradas en la organización, someterán las cuestiones o controversias de índole estrictamente deportiva, a los órganos propios de su específica jurisdicción”.

Y éste el añadido de FIFA, posiblemente a instancias de Joseph Blatter, aceptado por el CSD el 30 de diciembre de 1987:

“Si las cuestiones o controversias se plantearan con la FIFA, Federaciones de otros países, clubes afiliados a ellas o personas físicas o jurídicas adscritas a las mismas, se someterán a las decisiones de los organismos competentes de la FIFA o, en su caso, a las que dicten los jueces o tribunales de arbitraje designados de común acuerdo por las partes.

Si no se llegara a un total acuerdo, la competencia para pronunciarse sobre el fondo de las cuestiones planteadas corresponderá al Comité Ejecutivo de la FIFA”.

Huelga indicar que apenas en un par de meses, distintos hechos dinamitaron lo acordado. Durante un encuentro de Copa entre el Sestao Sport y Real Madrid, en el campo de Las Llanas, Hugo Sánchez recibió un botellazo en el cráneo. Al atacante mexicano tuvieron que aplicarle varios puntos de sutura, y el Comité de Competición resolvió cerrar Las Llanas por tres partidos. Golpe durísimo para la depauperada economía verdinegra. Su presidente, que además de condenar sin ambages tamaña brutalidad insinuara el propósito de no presentar recurso ante la previsible sanción, nunca imaginó que la puntería de un vándalo pudiera cotizar tan cara. Y como se le antojaran excesivos tres domingos jugando de prestado, recurrió sin obtener rebajas. “Esto es un atropello -dijo entonces-. No ha sido la primera barbaridad futbolística, ni la más grave. Está castigándose la puntería de un espectador, porque en otros campos han ocurrido cosas más gordas y generalizadas. Además aquí se ha identificado al culpable. ¿Qué más se puede hacer? ¿Ponemos a un policía vigilando a cada espectador? Somos pequeños, por eso es tan fácil meterse con nosotros”. E indignado ante lo que consideraba falsa vara de medir, anticipó la interposición de una demanda.

Tanto Federación Española como Liga Profesional reaccionaron de inmediato. El artículo 48 impedía airear pleitos deportivos en la jurisdicción ordinaria. O el Sestao Sport renunciaba a semejante propósito, o lo expulsaban de la Federación y la Liga. Tuvieron lugar reuniones, súplicas, declaraciones solemnes, y hasta avisos sobre todo lo malo que podría ocurrirles si no transigían. Pero como el mandatario vizcaíno y su Junta directiva siguieran en sus trece, tuvo que ser el mismísimo José Luis Roca, presidente de la Española, quien acudiese a Zúrich en solicitud de clemencia. Desde Suiza, obviamente, volvía a amenazarse con dejar a los equipos españoles fuera de toda competición internacional.

Casi en paralelo, Jorge Valdano dijo estar listo para recurrir judicialmente su consideración deportiva de extranjero. Llevaba unos meses nacionalizado español, sin que a efectos federativos pasara a ser visto como tal. El Real Madrid tenía cubiertas sus dos plazas foráneas, y por tanto a él se le negaba lucir de corto. Un despropósito sustentado en la norma de 1963 todavía vigente, donde se estableciera como condición “sine qua non” para actuar en nuestro fútbol como español, la ausencia de entorchados internacionales con cualquier otra selección. Distintos juristas ya habían anticipado que el fallo favorable al hispano argentino estaba cantado tan sólo compareciendo ante un juez, pues a ningún español podía privársele del derecho constitucional al trabajo.

Valdano quiso hacer bien las cosas, pese a todo, confiando en las gestiones realizadas por su equipo, hasta que el 15 de enero de 1988, fracasada la última intentona, asegurara tener lista su demanda. Más nervios, esta vez tanto en Alberto Bosch como en el palacete suizo de Sonnenberg, cuyos especialistas en Derecho aventuraban igualmente un muy posible varapalo jurídico. Pudiera merecer la pena un ejercicio de oídos sordos, antes que pechar con sentencias donde quedase al descubierto la fragilidad de FIFA y UEFA. Fue en ese marco cuando Pablo Porta, consciente de que tanto lo de Valdano como la desfachatez sestaoarra quedaría sin castigo, volvió a dibujar otro gancho, más de cara a la galería que buscando el KO.

El fútbol-sala español vivía dejado de la mano de Dios. Ni a la FEF le interesaba mucho, ni otra Federación paralela de esa especialidad quería integrarse en un órgano donde iba a contar poquísimo. Desde la FIFA se había advertido sobre la necesidad de acabar con tan ilógica escisión, y a ello trató de aplicarse Gómez-Navarro sin cosechar otra cosa que calabazas; el fútbol “indoor” se negaba a ser absorbido. Nadie, empero, hubiese podido adjudicar responsabilidades a la Administración española sobre este asunto. Ni con la peor intención. Pero Pablo Porta, que nada hizo al respecto durante sus días en la poltrona federativa, sugirió a Joao Havelange la posibilidad de emplear tal conflicto como arma arrojadiza contra España. Y puesto que en el máximo órgano rector escociera su obligado repliegue en los asuntos de Valdano y Sestao Sport, Joseph Blatter envió un télex a la Federación Española, advirtiéndola de una “suspensión provisional” en tanto no se solucionara el cisma. Puesto que hubiera resultado ilógico amenazar tan sólo a una Federación nacional que fácilmente pudiera meterse en cintura por otros procedimientos, aquel escrito también implicaba al Consejo Superior de Deportes, sirviéndose de un apócrifo Campeonato de Fútbol-sala celebrado en nuestro suelo: “Además hemos tenido conocimiento de que este campeonato ha sido autorizado por el organismo gubernamental que encuadra todos los deportes practicados en su país (CSD)”.

Pataleta, en suma, muy cogida por los pelos, de la que ningún peligro real podía emanar. FIFA, UEFA y Pablo Porta amagaban, sin disparar con fuerza sus puños. Pero el Partido Socialista no iba a olvidar esas afrentas, y finalmente acabaría con la carrera del Sr. Porta en los organismos supranacionales, conforme se explicará en un momento.

Más adelante hubo clubes llevando pendencias deportivas hasta los tribunales de Justicia ordinarios. Y Bosman, jugador belga venido a menos, se embarcó en un proceso judicial muy largo, cuya sentencia, contraria a los postulados de FIFA y UEFA, puso en solfa la dictadura ejercida desde ambos órganos. Incluso Pablo Porta, que había llevado a los tribunales el Decreto que le impidiera seguir optando al sillón federativo, tropezó con una sentencia contraria de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (28-III-1988). El comúnmente denominado decreto anti-Porta era conforme a derecho y se mantenía vigente. La purga de presidentes federativos inmunes al paso del tiempo seguiría incólume, afectando de lleno ese año 1988 al de la de atletismo, Juan Manuel De Hoz, y al de pesca, Joaquín Díez. El gobierno español, muy activo, preparaba una Ley del Deporte más completa en sustitución del Real Decreto.

Andado el tiempo habría de verse que los jugadores nunca siguen donde no les apetece estar. Bastaba con lucir apatía, crear problemas de vestuario, escudarse en dolencias físicas o anímicas, filtrar chismes a la prensa o criticar a su directiva y entrenador por boca de sus intermediarios, para cambiar de aires, fuere en condición de cedidos o mediante traspasos a la baja.

En pocos años las estrellas del espectáculo pasaron de comparsas sin voz ni voto, a manejar las riendas de su propio negocio.