El Plan de Saneamiento

De José Ignacio Corcuera

Durante el periodo 1982-86, pese a la hostilidad de la Liga de Fútbol Profesional o a los torpedos teledirigidos desde la poltrona federativa, especialmente bajo mandato de Pablo Porta, fueron muchos los logros del Sindicato AFE: Reconocimiento como trabajadores por cuenta ajena para los futbolistas; obligatoriedad de los clubes a darlos de alta en la Seguridad Social; voladura del derecho de retención; cobertura jurídica ante casos de incumplimiento contractual; cerrojazo a una especie de simonía disfrazada como “derechos formativos”; implicación del Consejo Superior de Deportes en el proyectado fondo de garantía salarial… El fiel de la balanza parecía inclinarse hacia el lado de los jugadores, como se advirtiera una y otra vez desde la LFP, tras sustanciarse el primer gobierno socialista de la transición. “Ocurre tan sólo que la balanza empieza a equilibrarse -adujo José Luis Pérez, gerente de la AFE-. El cacicazgo de los clubes ya es historia, lo mismo que su mandarinato. Deben reconocer a sus futbolistas como ciudadanos de pleno derecho”. Sin duda algo había de cierto en aquellas manifestaciones, corroboradas por Jesús Samper, secretario general de la Liga Profesional, cuando evocase esta anécdota: “Un día penetró en mi despacho de la Liga cierto presidente, sin llamar y hecho un basilisco. Por su boca empezaron a salir propuestas tremendas. Así que me levanté y mientras abría la ventana, dije: Discúlpame, pero es que aquí huele muchísimo a mierda. Sin darse por aludido siguió profiriendo ocurrencias, merecedoras de juzgado de guardia”.

Samper, hombre habitualmente hermético, nunca facilitó el nombre de ese presidente, aunque la duda pudiera reducirse a dos o tres identidades. Y por supuesto se negó a detallar qué olía tan mal. La confidencialidad era pilar de su trabajo, como muy bien afirmara otra vez ante un reportero molesto por tanto hermetismo: “Mire, si yo le fuera a usted, o a cualquier otro compañero con cuentos, perdería todo crédito. Si los clubes me cuentan sus cuitas, es por considerarme a prueba de deslices. Y yo necesito conocer esas cuitas, puesto que de otro modo no podría llevar a cabo mi trabajo”. Gracias esa anécdota, narrada cuando ya su protagonista veía los toros desde la barrera, podemos evaluar cabalmente en qué marco se desarrolló aquella lucha reivindicativa, larga y extenuante como pocas. Y también que para eludir acusaciones de prácticas doctrinarias, el gobierno socialista se aviniera a evaluar un posible plan de saneamiento destinado a clubes con deudas, como muestra de justicia salomónica. Pero antes de centrarnos en dicho plan, bueno será deslizar un vistazo por tan tétrico escenario.

La mala praxis venía de muy atrás, y se acentuó con la continua llegada de teóricas estrellas extranjeras. El 1 de setiembre de 1980, la AFE registró denuncias de impago a futbolistas por un total de 266 millones, correspondientes al ejercicio 1979-80. Encabezaba el ranquin la Unión Deportiva Levante, con 47 millones, y no se quedaban cortos el Racing santanderino (19), Cádiz y Real Jaén (ambos con 16), Deportivo Alavés, Burgos o Palencia (cada uno con 14 largos), Rayo Vallecano (13), Elche (12) y Getafe o Granada con 10. Llamaban la atención algunas cuantías de otros deudores mucho más modestos, y por tanto con improbable capacidad de respuesta: San Fernando gaditano (más de 7 millones), Toledo (casi 6.300.000), Zamora (casi cuatro millones y medio), U. D. Salamanca (4), San Andrés, Eldense y Langreo (en torno a 3 millones), C. D. Badajoz, Racing de Ferrol y Lugo (más de 2), Albacete Balompié (más de uno y medio), Onteniente y Olímpico de Játiva (casi la misma cifra), o Talavera (el millón raspadito). Incluso una entidad de alcurnia, como el Valencia, figuraba con un descubierto de 2.250.000). Sesenta y seis clubes denunciados por 314 jugadores. Pero eso tan sólo constituía la punta de un gran iceberg, como desde la propia AFE se daba por evidente: “No todos denuncian. Los que van a seguir en la entidad, porque confían en recuperar algo, y muchos que se van para no hacerse mala fama. Temen tropezar con puertas cerradas si se les tildara de conflictivos”. Como mínimo, fuentes del sindicato cifraron en otros 150 millones más los débitos totales. Y a estas cantidades había que añadir nada menos que un centenar de millones detraídos ilegalmente por la huelga de profesionales, y pendientes de restitución, según sentencia firme de distintos tribunales.

Esta debacle solía “solucionarse” con caprichosos alardes de contabilidad creativa. Solicitudes de créditos in extremis, pagaderas mediante cuotas sociales o de abono para la siguiente campaña, con lo que cobrar un año después se enmarcaba en lo puramente sobrenatural. Así, temporada tras temporada. Aquel verano de 1980 hubo conversaciones entre el Ministerio de Trabajo, Federación y AFE, emanando de ellas, además de buenos propósitos, una frase lapidaria merecedora de fulminante destitución: “Todo se arreglaría si los futbolistas no se comprometiesen con clubes incapaces de pagar”. Soberbio. Sobre todo si ni desde la Liga Profesional o el ente federativo se daba cuenta de quiénes eran esos “incapaces”.

Para la campaña 1981-82 circularon estimaciones de unos 300 millones en débitos, y luego las denuncias de impago ascendieron hasta los 350. El Burgos se encaramó a lo alto del podio, con 46 millones, y el Algeciras fue salvado por su Ayuntamiento cuando estaba a punto de rodar sin puntilla. Almería, Burgos, Getafe, Zamora y Levante, pecharon con un descenso de categoría administrativo, ante su insolvencia. Por los mentideros del balón se aseguraba que cerca de otros 200 millones al descubierto ni siquiera se habían denunciado.

El gran escándalo tuvo lugar un año después, cuando de los 500 millones presumiblemente adeudados, sólo se reclamaron mediante denuncia 198. Nadie quería más descensos de categoría. Ni la Federación, por quedar retratada, ni la Liga Profesional, estimando que nada solucionaban, ni los futbolistas, conscientes de que si sus clubes no pagaban en 2ª “B”, menos podrían hacerlo desde 3ª, o incluso en el pozo del fútbol Regional. Hubo encierros de jugadores en la puerta de Alberto Bosch, pancartas con el lema “Sólo pedimos lo que ya hemos trabajado”, y especulaciones sobre el dinero que parecía obrar en la Federación, por conceptos como participación en las quinielas mundialistas o derechos de televisión. “Que sirva para enjugar deudas”, se clamó al unísono. De nuevo a última hora comenzaron a recibirse los télex de conformidad desde distintas Territoriales, dando cuenta de diversos abonos. El San Fernando, que ya venía salvándose del KO anteriormente, merced a muy oportunos campanazos, perdió por fin la categoría.

Un año después fue el Portuense quien sirviera como chivo expiatorio, al vivir en carne propia un descenso administrativo a 3ª División. Otros cinco clubes no pudieron pagar sus deudas a tiempo, pero en aquellos casos tanto la Real Federación Española como el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, se erigieron en avalistas sin explicar qué razones aconsejaban tamaña discriminación. Dichas cuantías saldrían de lo que esos mismos clubes confiaban ingresar de la Administración, en concepto de quinielas y su minúscula parte en los derechos televisivos. Para la AFE una maniobra torticera “puesto que sigue sin atajarse el problema de forma conveniente, castigando sólo a uno como salvaguarda ante acusaciones de blandura”.

Ya en mayo de 1984, la AFE tenía registradas denuncias de débito por un importe de 600 millones de ptas., y ni siquiera se libraban entidades históricas, como At. Madrid, C.D. Málaga, U. D. Salamanca, Valencia, Sevilla, Betis, Valladolid o Cádiz, en tanto el Real Zaragoza tuvo problemas para devengar al día distintas fracciones de fichas. El caso de la U.D. Salamanca era por demás sangrante. Lo debía todo, si bien el traspaso de Orejuela al R.C.D. Mallorca por 30 millones pudo servir de lenitivo. Hacía bien poco la directiva charra incluso debió encarar un embargo de 9 millones, dictado desde cierta firma crediticia. “De mal en peor -sentenciaron voces sindicales-. Porque esa cifra pudiera quedarse bastante corta”. Como muestra, el 14 de setiembre de 1984 trascendía el enojo del argentino Calderón con su equipo, el Real Betis: “Estoy dolido -dijo-, porque lo he dado todo en el campo, pese a los problemas de adaptación que ha tenido mi familia. No comprendo el trato recibido desde el club. Aún se me debe la mitad de la ficha pasada, cuando otros compañeros parecen haber cobrado. En estas condiciones debo replantearme el futuro”. Naturalmente salió al quite Francisco García, vicepresidente económico verdiblanco, justificando los retrasos en el hecho de que por contrato había que pagarle en dólares, “y ello comporta dificultosas gestiones oficiales”.

Los problemas de cobro daban lugar a una amplia batería de encontronazos. En noviembre de 1983, Llopis, del Villarreal, llegó a la agresión con su vicepresidente, Manuel Almela. Según se hiciera eco la agencia “EFE”, cuando el futbolista fue a cobrar un cheque de 100.000 ptas., en la oficina bancaria le habrían explicado su imposibilidad de cubrirlo tras recibir órdenes directas del club. A Llopis acababan de sancionarlo con esa misma cifra, luego de ser expulsado ante el Aspense, en el campo del Madrigal. Ya en los vestuarios, reclamó la cantidad amenazando con una denuncia en los juzgados. De las palabras se pasó a los gritos y de éstos a la agresión. Tras el partido, en compañía de Falomir, su capitán, volvió a entrevistarse con el directivo, a quien pidió disculpas, alcanzándose un pacto para renunciar al cruce de denuncias, mediante aceptación de una semana fuera del equipo y multa de 30.000 ptas. Como parece que nadie aclaró del todo la cuestión dineraria, en breve volvería a abrirse la herida. Para el Villarreal eran 100.000 ptas. por la expulsión, más otras 30.000 ante tamaño acto de indisciplina, en tanto Llopis, como parece lógico, lo dejaba todo en las 30.000. Tuvo que sudar mucho para que las discrepancias se resolvieran con 6.000 duros.

El 2 de agosto de 1984, el céltico Antonio Gómez se vio de pronto en la calle, al aplicársele el artículo 85 del reglamento interno. Había sido el único jugador de la plantilla en denunciar impagos de la campaña concluida, puesto que los otros reclamantes, Pedro, Quecho y Bulleri, ya habían causado baja. Con el obvio propósito de escarmentar al elenco en cabeza ajena, aquella directiva no dudaba en tirarse al monte. Desde la AFE advirtieron: “En estas circunstancias, cualquier despido será declarado improcedente”. Por su parte, el jugador hizo gala de gran serenidad: “Lo he encajado bien, pues cuando di este paso asumí las consecuencias. De esta Junta nada me sorprende, dado su proceder; hoy te dicen una cosa y mañana otra. Sus palabras o promesas carecen de crédito. Lo de las letras me lo conozco bien, y ningún profesional puede vivir permanentemente en vilo, preocupado por los descubiertos bancarios o los gastos de negociación. Necesitaba el dinero y no estoy dispuesto a que se juegue conmigo”.

Por si alguien pudiera tener dudas respecto al comportamiento de muchos clubes, Gómez exhibió aptitudes didácticas: “No nos pagan, pero siguen fichando jugadores. Hace dos años invirtieron 70 millones en tres que ya ni siquiera están aquí, y podría extenderme en más detalles. Cada club debiera ser consciente de sus posibilidades y, si ocurriera así, yo actuaría en consecuencia. Me duele dejar el Celta porque soy vigués y una gran parte de mi vida la pasé en esta casa, pero creo que mi actitud resultará positiva, aunque haya quienes no lo entiendan. El Celta volverá a ser el de antes cuando la seriedad presida todos sus actos, y quienes lo dirijan sepan ceñirse a la proyección del club, sus posibilidades y limitaciones”.

Antonio Gómez llevaba 12 años luciendo el escudo celtiña. Había ingresado como juvenil, debutado en 1ª cuando varios directivos de 1984 ni siquiera eran socios, fue internacional Sub-21 y estuvo cedido al Real Zaragoza mientras cumplía el servicio militar obligatorio. Desde hacía dos lustros entrenaba a infantiles y alevines, dándose la circunstancia de haber tenido a sus órdenes a los más adelante compañeros de vestuario Quecho y Alvelo, este último, por cierto, malogrado para el balón tras quedar parapléjico a raíz de un accidente de tráfico. Las palabras de Jesús Samper, evocando una pestilencia resistente a ventanas abiertas de par en par, cobraban en este caso todo su significado.

Y si esta era moneda corriente en 1ª ó 2ª División, sobre el fútbol modesto mejor no extenderse mucho. De cara a la campaña 1984-85, en la Territorial madrileña se inscribieron 719 clubes. Pues bien, el 6 de octubre, dos meses después de que el balón echase a rodar, 33 de ellos ya no competían. Diecinueve de la 3ª Preferente y 14 de la 3ª Ordinaria. Ni con rifas, colectas puerta a puerta o campañas de captación social, se lograba sufragar los arbitrajes y el alquiler de instalaciones. Los había de Alcobendas, Velada, Manzanares, Aldea del Fresno, Tomelloso, Humanes, Parla o Almarcha, además de casi todos los barrios capitalinos. La precariedad no conocía lindes.

En marzo de 1985, Antonio Baró, presidente de la Liga Profesional, antaño enfrentado a Pablo Porta y luego a su sucesor, José Luis Roca, pero capaz de entenderse con Romà Cuyàs, Consejero Superior de Deportes, aunque luego poco bueno surgiera de tanta comprensión, decidió soltarse el pelo: “Tengo la fórmula para acabar con la ruina económica -dijo-. Bastaría con que hubiese campos municipales. Porque hay clubes, como el Celta, Zaragoza, Valladolid, Las Palmas o Sporting, por citar unos pocos, que juegan en terrenos del municipio y tienen reconocidos unos créditos. Créditos solicitados por los ayuntamientos en su condición de propietarios, a través del crédito local, y así se han financiado obras de remodelación imprescindibles para el Mundial de 1982. Esos clubes no le deben nada al Banco Hipotecario, sino al Banco de Crédito local, y gracias a la municipalidad de sus correspondientes recintos, no pagan al Estado ni un solo duro en impuestos. Los demás, en cambio, tributan irremisiblemente por cosas absurdas. Al At. Madrid, por ejemplo, le suponen 150 millones anuales, empezando por el capítulo de Menores y acabando en mayores. ¿Abona ese dinero, por ejemplo, el Rayo Vallecano? Categóricamente no. Y ahí se origina la catástrofe. Lo que cotiza todo el fútbol asciende a miles de millones. De esa, llamémosle sangría, están exentos una buena porción de clubes. El fútbol es la niña bonita de la que todos se cuelgan. O el caramelo que tantos pretenden chupar y chupar. Los clubes ponen el teatro, los actores, los guardias de seguridad, la alfombra… Sólo nos queda poner la espalda para recibir azotes. Real Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Betis, Español, Elche y otros, ¡hala!, a soltar miles de millones. Suena a disparate”.

Curioso. Baró dejaba en el tintero a una porción de clubes norteños, que desde hacía algún tiempo constituían una especie de frente común ante determinadas actuaciones de la Liga Profesional: Athletic Club, Real Sociedad o el pamplonés Club Atlético  Osasuna, cotizantes a tenor de sus respectivos aforos en idéntica proporción que los citados. El mandatario blanquiazul, además, basaba su ataque en las conclusiones de un informe auspiciado por la Liga, donde el “Calcio” se antojaba modelo a seguir: “En Italia sólo existen estadios comunales y no hay impuestos. En España, por el contrario, los clubes “paganos” cotizan igual que sociedades especulativas, pese a estar registrados como entes sin ánimo de lucro. Existe, por tanto, un confuso establecimiento de preceptos y normas”.

Sin catalogar como inciertas las manifestaciones de Antonio Baró, únicamente recogían parte de la realidad. Olvidaba interesadamente, primero que gran parte de los morosos componían el pelotón de los mejor librados impositivamente, como Rayo Vallecano, Celta, Racing o Valladolid. Y segundo, que desde las Administraciones estatal o autonómica no se ponía a los directivos una pistola en la cabeza, obligándoles a aprobar presupuestos con déficit, destinar cifras desproporcionadas al capítulo de traspasos, o considerar estrellas a medianías extranjeras que luego sólo iban a vestir de corto 10 ó 15 domingos, parte de ellos por el qué dirán, cuando fui yo quien se empeñara en traerlos. Ante argumentos de esta índole, Baró y sus colegas de la Liga también solían enhebrar respuestas: “Desde que cayera el derecho de retención todo se ha encarecido una enormidad. La peseta va de devaluación en devaluación, y los extranjeros exigen cobrar en dólares para garantizar su poder adquisitivo. Hoy firmas un contrato razonable por tres años, y resulta que en dos temporadas se nos va a las nubes. El dólar hoy cotiza al doble que hace unas campañas. ¿También sobre eso tenemos culpa?”.

Tanto a Baró, cuando se manifestara con tal contundencia, como a los demás presidentes, les apretaba el Banco Hipotecario mediante un diluvio de intereses. Dieciséis mil millones deudores, según la Liga Profesional, sin desglosar nunca la titularidad o el concepto de tan abrumadora cifra. Herida hemorrágica para cuya cicatrización también se echaron cuentas: “Ha de reducirse la deuda troncal, si queremos que los intereses no nos coman. Los gastos atípicos están hundiendo al fútbol, y esa deuda se neutraliza sin grandes problemas añadiendo cinco puntos al raquítico 1 % que actualmente devengan las quinielas. Un 6 % sobre el total recaudado, proporcionaría a los clubes profesionales 3.000 millones más. En seis años, deuda saldada. Y que nadie lo olvide: estaríamos utilizando el dinero del fútbol para resolver problemas futbolísticos. Porque las quinielas son del fútbol, se basan en sus resultados y viven de su popularidad”.

El propio Antonio Baró defendía la propuesta con uñas y dientes: “En la Liga Profesional hemos repasado los presupuestos del último trienio y ningún directivo se ha llevado las perras a casa, según los auditores. El Banco, en cambio, carga intereses ya llueva, luzca el sol o sople el viento. Intereses que acabaríamos evitando con ayuda de las quinielas”. Obviamente asumía la exigencia de controles, sin resistirse a la tentación de poner límites al eterno rival barcelonés, aun no citándolo ex profeso: “Si la Administración entrega esas cantidades, desde luego no serán para fichar a Maradona, aunque las arcas de algún club no estuviesen vacías o puedan salir billetes de su cartera. Al menos yo les diría: como ustedes pagarán antes que yo y no van a invertir el superávit en Pasapoga, lo gastan en la vituperada cantera poniendo en marcha secciones inferiores y escuelas como las de Lezama o Mareo. Creo hablar en nombre de todos al afirmar que el fútbol se compromete a salir de la penuria, si le dan cuanto solicita de unas apuestas al fin y al cabo futbolísticas”.

Romà Cuyàs y Antonio Baró tenían prevista una nueva reunión 72 horas después. Para calentarla, desde distintos despachos se hicieron oír anticipos de un posible plante patronal, si no se lograba el pretendido 6 %. “El Holocausto”, sentenció “Marca” como cierre de una información sobre el particular, sin firma. Por supuesto la cosa no llegó a tanto, aunque el Consejero Superior de Deportes ni mucho menos estuviese por la labor de convertirse en pródigo rey mago. Podía hablarse de un Plan de Saneamiento, pero nunca a partir de tantísimo incremento porcentual sobre el 1-X-2.

El 11 de junio de 1985 se firmaba el Plan de Saneamiento entre el CSD y la LFP. Entonces se cifró la deuda global de los clubes en 21.000 millones de ptas., teóricamente enjugables mediante la percepción de un 2,5 % sobre las recaudaciones quinielísticas, a lo largo de los siguientes 10 años. Difícil Aritmética, aun contando con una espartana disciplina en la contención de gastos, lo que ya era mucho suponer. Como si la realidad quisiera amargar cualquier conato de brindis, transcurrido exactamente un mes, cuando el 10 de julio la AFE abriera su carpeta de denuncias, la deuda de los clubes con respecto a contratos vencidos ascendía a 160 millones. Encabezaba tan triste clasificación el Cartagena, con 28.205.500 ptas. El Aranjuez, con 80.000, era el más desahogado. Entre ambos había de todo: El Deportivo Alavés debía 15 millones, más de 14 ensuciaban la imagen del Algeciras o Granada, y casi la misma cifra acogotaba al Lorca Deportiva del matrimonio María Ignacia Hoppichler – Moreno Manzaneque. Doce debía el Recreativo de Huelva, 11 el Real Murcia, 9 el Betis y más de 6 el Real Jaén o el Calvo Sotelo de Puertollano. Durante los días siguientes esa cifra iba a crecer considerablemente.

Estaba por ver si el tan deseado Plan de Saneamiento transmutaba en bálsamo de Fierabrás para tan maltrechas economías, luego de cerrarse no mediante un devengo de 6 puntos porcentuales, sino con algo menos de la mitad. A caballo regalado no le mires el diente, pudo pensarse. Aunque bien pronto se advirtiera que aquel incremento ni mucho menos iba a sacar de pobres a los clubes. Como ya se apuntó en otro capítulo, la Administración, harta de dolores de cabeza con los boletos quinielísticos como fondo, respondió al despropósito de Pablo Porta, consistente en alumbrar otra quiniela competitiva con el 1-X-2. Y no lo hizo sirviéndose de admoniciones que el viento pudiera llevarse en seguida, sino con la contundencia exigible a cualquier Gobierno. En este caso, poniendo en marcha la “Lotería Primitiva”, al tiempo que embridaba al Patronato de Apuestas Mutuas bajo el yugo del ente “Loterías y Apuestas Estatales”. Alguien, además, tuvo la ocurrencia de reinventar la pólvora o la Aspirina, experimentando alegremente. Si no supiéramos hasta qué punto abundan los malos gestores, cabría lucubrar sobre un posible interés por someter a dieta no sólo al fútbol, sino a todo el deporte. Y no, no hicieron falta contubernios ni conspiraciones. Bastó con un manazas de la mercadotecnia equivocando el camino.

Como las recaudaciones del 1-X-2 experimentaran un considerable bajón al repartirse el pastel con la nueva “Lotería Primitiva”, se optó por subir el precio de las apuestas y establecer dos modalidades de pleno: la “Q-1”, con resultados al descanso, y la “Q-2”, sobre victorias, empate o derrotas cuando los árbitros pitasen el final de 14 partidos. Si ya constituían un serio hándicap los premios de la “Primitiva”, mucho más sustanciosos para acertantes del pleno que lo devengado por la quiniela, al dividirse ésta en dos modalidades, sus antaño envidiadísimos adivinos pasaron a convertirse en poco más que agraciados de tómbola parroquial. Las quinielas, en suma, dejaron de ser un sueño en tecnicolor, y con ello el tan cacareado Plan de Saneamiento nació cojo. Baste para ilustrarlo el siguiente apunte. La cifra más alta devengada a un pleno quinielístico de la temporada 1986-87 (domingo 21 de setiembre), ascendió a 77 millones de ptas. A lo largo de 1986 la “Primitiva” repartió botes de 199 y 221 millones, y para cuando concluyese 1987 su saldo de millonarios apabullaba: 843 millones a un pleno en Bilbao; 805 a otro en Málaga; 7 gordos de más de 300 millones distribuidos en Málaga, Alicante, Madrid, Albacete, Las Palmas y Barcelona, por partida doble; otros 6 superando los 200 millones, en Navarra, Valencia, Castellón, Zaragoza y Asturias; y 41 con más de 100 millones. No era una mala inversión, por las 50 ptas. que costaba cada apuesta.

Y entre tanto siguieron aflorando conflictos menores.

En marzo de 1986 el Consejo Superior de Deportes quiso dulcificar la derrota de los clubes, tras negarles su pretendida lluvia millonaria. En tal sentido se avino a condonar a Real Madrid y Atlético los 4.400.000 ptas. de multa que les fueren impuestos por la Magistratura de Trabajo, como infractores de la ley de huelga durante su último pulso con el sindicato AFE, cuando sustituyeran a los profesionales por juveniles y amateurs. Desde la Asociación de Futbolistas se puso el grito en el cielo, al tiempo que se hacía llegar un recurso: “El Consejo de Ministros no tiene elementos jurídicos ni éticos para levantar la sanción, y es por ello que hemos interpuesto el recurso contencioso-administrativo”. Tal medida fue tomada por el mismo Comité Ejecutivo que trazara las líneas maestras del futuro convenio colectivo para las gentes del balón.

El 4 de diciembre de 1986 Baró hizo público el descuadre en sus cuentas de la lechera: “Las bases del Plan de Saneamiento se están resquebrajando. Es evidente que la quiniela no responde a lo que pensábamos. Todos contemplamos con nerviosismo su bajada de recaudaciones, y parece claro que la Q-1 no basta para mantener el interés. Queremos que se nos cubra el desfase sobre lo que debiéramos percibir con una recaudación normal. Nada de esto se previó en su día, y ahora me consta que la Administración, al igual que nosotros, está estudiando el tema. La “Loto” tiene un atractivo distinto, y se la publicita a diario por televisión, cosa que no ocurre con la quiniela futbolística”.

Para mal de males, durante ese verano seis clubes habían descendido administrativamente por impagos a sus plantillas. Dos de 2ª “B” (Palencia y Deportivo Alavés) y 4 de 3ª (Lorca Deportiva, Algeciras, Calvo Sotelo y Real Jaén). Como tantas veces se clamara en desierto desde la AFE, el castigo deportivo ni mucho menos suponía una solución para los acreedores. Más bien lo contrario. Y algunos defenestrados, por ende, anunciaban pleitos hasta verse restituidos a su anterior categoría. Antonio Lucas Mohedano, presidente del Jaén denunciado por impagos superiores a los 17 millones, no quería ni oír hablar de integrarse en Regional. Como defensa, aducía haber hecho todo tipo de sacrificios para cuadrar balances: “Bajo la dirección de Juan Lucena, técnico de la casa, se fichó a jugadores aficionados, todos ellos de la provincia, como Manolo, Hueso, Esteban, Prieto y Ángel, después de liquidar a los profesionales de la pasada campaña”. Como suele ocurrir en estos casos, las fuerzas vivas jienenses pusieron manos a la obra. Lorenzo Morillas, vicerrector de la Universidad de Granada y prestigioso jurista, tras estudiar el dictamen de la comisión Liga-AFE hizo gala de optimismo, asegurando: “El descenso no es legal, pues la comisión mixta no es órgano con poder ejecutivo, lo que le impide ordenar retrocesos de categoría a ningún club. Su decisión no se ajusta a Derecho y por tanto es claramente inconstitucional”.

En Palencia, lejos de ofrecer batalla optaron por el pragmatismo. La deuda global de los morados ascendía a 167 millones, una enormidad ante la mínima dimensión del club. Así que se optó por disolverlo, agrupando despojos en su filial, el Cristo Olímpico, militante en 3ª División. Días después se daba de alta un “nuevo” Deportivo Palencia – Cristo Olímpico, limpio de polvo y paja y dejando a la intemperie a transportistas, hoteleros, suministradores varios, futbolistas, técnicos o empleados de oficina. Nadie parecía preocuparse de ellos, o por ellos, como hizo ver José Antonio Ferrero, capitán de su última plantilla, cuando con 38 años a cuestas y tres millones y medio a deber, harto de cuentos chinos optó por retirarse en abril. Casado y con un hijo, dentro de lo malo pudo refugiarse en un pequeño negocio familiar de tejidos. Otros tuvieron que apañárselas peor. El almeriense Camacho protagonizando una huelga de hambre como inútil intento por cobrar algo. Ya había vivido otro cierre y adivinaba el segundo. Álvarez, en su día componente del Castilla, salió del Palencia muy escamado y fichó por el Deportivo Alavés, para encontrase sin equipo en cuestión de unos días. La deuda del Algeciras ascendía a 118 millones, dando por buenos sus apuntes contables, a menudo demasiado optimistas. De ellos cerca de 30 a jugadores en nómina. José Antonio Asián, su primer capitán, un sevillano radicado en la ciudad portuaria desde hacía ocho años, tampoco creía en la palabra de nadie: “A mí me deben más de cinco millones y medio de pesetas, y veo negrísimo su cobro. Antes de renunciar a todo estoy dispuesto a una negociación. Me han hablado del día 29 como posible fecha para sacar algo, pero las palabras son papel mojado y por eso quizás decidamos plantarnos en Madrid, dispuestos a adoptar medidas de presión. Estoy hablando de un posible encierro. Lo que están haciendo con nosotros es inhumano”.

Asián, por lo menos, compaginaba el fútbol con su tarea como monitor deportivo en un colegio municipal. Otros compañeros, como Capa y Cabellos, empleado de banca y guardia municipal, respectivamente, también tenían algo a lo que asirse. Pero la suerte de muchos resultaba por demás incierta. A Gregorio de Pablo Lucas, para el fútbol “Goyo”, le sobraban motivos de amargura. Madrileño de nacimiento, con 33 años tuvo que hacer diabluras para mantener a su esposa y cinco hijos. Poseía un comercio de deportes, aunque según sus palabras “la cosa da como mucho para cubrir gastos y estoy a punto de cerrarlo”. En su horizonte inmediato tan sólo una promesa, otra más, en forma de trabajo como dependiente en unos grandes almacenes cuya apertura se anunciaba en Algeciras. Antonio Ocaña, en fin, otrora jugador bético y excompañero de Rafael Gordillo, vivía al día, consciente de que los números y el dinero no daban más de sí. Desde Lorca, Moreno Manzaneque, su entrenador y presidente consorte, lo cifraba todo a la “iluminación divina”. La gestión económica del matrimonio en el club murciano había sido desastrosa, rodeándose de grandes nombres ya veteranos, con los que el no menos veterano técnico las tuvo muy tiesas. Podría aducirse que fueron ellos, la ínclita pareja, los faltos de iluminación. El tantas veces reclamado fondo de garantía salarial no sólo era imprescindible, sino obligatoriamente amplio por cuanto a dotación económica, para responder a tantísimo desmán.

El jueves 4 de setiembre de 1986, la AFE convocó en la puerta del Consejo Superior de Deportes, bajo el lema “Toma la sede del Consejo”, a los futbolistas del Jaén, Alavés, Calvo Sotelo, Palencia, Lorca y Algeciras, todavía sin ver un duro. Se buscaba presionar con un plante en toda regla, a los miembros de la comisión mixta clubes-jugadores que iba a reunirse el martes inmediato en la sede del CSD, con presencia de Romà Cuyàs. Llovía sobre mojado, puesto que Jaén, Lorca y Calvo Sotelo fueron salvados del descenso a última hora por el Comité Ejecutivo de la FEF, en su reunión del 28 de agosto. ¿Motivos? Los tres habrían satisfecho unas deudas sobre cuyos teóricos perceptores manifestaban no haber visto ni un céntimo. El Alavés arrastraba un débito de 22.282.000 ptas. son sus futbolistas. El Algeciras 30.200.000. Y el Palencia 21.597.000. del todo incobrables. Por supuesto los tres aseguraban sentirse víctimas, mientras Cuyàs se mostraba categórico: “Hay que acabar de una vez con esta situación, desde hace tiempo inasumible”. Y puede que en seguida pensara: en mala hora dije eso. Porque el 30 de octubre, 32 clubes de 3ª División amagaron con subirse al caballo, aun a costa de derribar al jinete.

Arrastraban deudas desde la época que militasen en 2ª “B” o el fútbol de plata. Deudas que con el tiempo y la acumulación de intereses se habían disparado hasta rebosar los 800 millones. A la cabeza de todos, el Córdoba, con casi 117, y el Racing ferrolano con 109 en números redondos. Tampoco tenían desperdicio los 59 del Club Deportivo Orense y Tarrasa F. C., los 40 largos de la S. D. Huesca y San Fernando, y cuantos navegan al pairo por una horquilla comprendida entre los 36 de la U. E. San Andrés y los 10 y medio del Cacereño; o sea Reus Deportivo, A. D. Torrejón, Cultural Leonesa, Baracaldo, Vall d´Uxó, Gerona, Caudal de Mieres, U. P. Langreo, S. D. Ibiza, Diter Zafra, Mirandés y Lugo. El más comedido parecía ser un histórico campeón de Copa, como el Arenas guechotarra, con 1.868.075 ptas. en números rojos. Sobre esa cifra, y sin alcanzar la decena, completaban el rebaño de manos tendidas C. D. Fuengirola, Mérida, Tudelano, Gimnástica Arandina, Basconia, Guecho, Atlético Baleares y otro histórico con títulos de Copa, como el Real Unión de Irún. Por centrarnos en las cantidades más escandalosas, la ruina cordobesa se resumía así: 56.619.665 ptas. en concepto de préstamos bancarios; 28.250.000 adelantados por presidentes y directivos. Y el resto, hasta casi 117 millones, repartido entre Hacienda, Seguridad Social, Arbitrios, como el de Menores, futbolistas y proveedores. El Racing de Ferrol ni siquiera amagó con algún desglose, lo que de entrada tampoco constituía un buen síntoma. Todos los clubes se aferraban a la promesa que el propio Romà Cuyàs hiciese a José Luis Núñez, consistente en “liderar un amplio plan de saneamiento para entidades futbolísticas”.

El 24 de junio de 1987, aquella promesa se hacía realidad para los equipos de 3ª, aunque quien acabara de darle cuerpo no fuese Cuyàs, sino Javier Gómez-Navarro, designado para sustituirle. Los débitos ya habían ascendido hasta frisar la cifra de 900 millones, y se pensaba en una amortización parcial a tres años. Parcial, puesto que el nuevo Consejero Superior de Deportes manifestó no estar dispuesto a sufragar ninguna deuda con presidentes y directivos, por ser ellos responsables únicos del descalabro. Poco antes (28-V-1987), el propio Gómez-Navarro había amenazado con suprimir subvenciones a la Liga si continuaran incumpliéndose las condiciones del Plan de Saneamiento. Dicho de otro modo, tan pronto se detectaran nuevos desmanes en cualquier club, adiós al dinero del 1-X-2. “Durante los dos años que lleva en marcha este plan, se ha sido condescendiente con los clubes -dijo-. El dinero invertido en fichajes y las deudas con futbolistas son claros síntomas de mala praxis. Las economías no están llevándose con excesivo rigor”. La Liga Profesional hizo saber a sus afiliados que si en setiembre no fuera capaz de acreditar al CSD el cumplimiento a rajatabla en todas las tesorerías, el fútbol profesional perdería sin remedio su 2,5 % de las quinielas.

Para que nadie se relajara, el 4 de octubre de 1987 el Consejero de Deportes reincidía en sus avisos: “El fútbol aún sigue mal administrado”, avanzaba ideas: “Tanto el Real Madrid como el Barcelona tienen patrimonio para amortizar sus deudas”, ponía en su sitio a los socios asambleístas: “A los socios no les importa el balance económico de los equipos, y ello quizás nos conduzca hacia Sociedades Anónimas Deportivas”, y amonestaba a la Liga Profesional: “No se puede pedir más dinero de las quinielas, porque ya no dan de sí”. Y como muchos oídos daban la impresión de tener tapones, durante enero y febrero de 1988 en el CSD se pusieron definitivamente serios.

El 5 de enero, todavía con el turrón en la garganta, trascendió que varios clubes continuaban haciendo de su capa un sayo por cuanto al capítulo de gastos. El tirón de orejas a la Liga Profesional debió ser de tal calibre como para activar una convocatoria urgente de su Comité Ejecutivo, donde Martínez Retamero, vicepresidente de la LFP, expuso una retahíla de infracciones. Había equipos con hasta 4 extranjeros, cuando sólo dos podían alinearse. Ello desaguaba en aleatorios cambios de licencias durante la misma campaña, además, claro, de llevar al puro absurdo cualquier propósito de contención en las masas salariales. En adelante se iba a ser draconiano al respecto, admitiéndose tan sólo los cambios de ficha en supuestos de lesión o larga enfermedad, no por capricho, estados de forma u ocurrencias de los técnicos. Y como la reprimenda no sentara bien a la mayoría, volvió a hablarse sobre la posibilidad de incrementar hasta tres el cupo de extranjeros, “lo que mejoraría el espectáculo y tendría su contrapartida en una mayor afluencia a los estadios”. Las del Athletic Club y Real Sociedad fueron únicas voces discrepantes, en plena reunión de sordos.

Tres días después, la advertencia de la Liga de Fútbol Profesional llegaba a sus asociados con nombre y apellidos. Celta, Cádiz, Sevilla, Sabadell, Real Sociedad, At. Madrid, Racing de Santander, Deportivo de la Coruña, Hércules, C. D. Málaga, Cartagena, Jerez, Granada y Burgos, disponían de 8 días para acreditar el cumplimiento a rajatabla de control presupuestario, sin presencia de números rojos. Si hubiere partidas deficitarias, éstas tendrían que ser avaladas por cada Junta directiva a título personal. Y en evitación de malentendidos, cada requisitoria incluía un modelo de aval. Quienes incumpliesen el trámite, serían expulsados temporalmente del Plan de Saneamiento, en principio hasta final de temporada, y como al concluir la misma se registraran déficits, la expulsión adquiriría carácter permanente.

Catorce equipos ya amagaban con el descarrilamiento a las primeras de cambio. Y comoquiera que lo de poner una vela a Dios y otra al diablo no viene de ayer, paralelamente la Liga Profesional trabajaba en una propuesta a la FEF, para incrementar hasta 3 el número de extranjeros por partido, siempre que uno de ellos fuese súbdito de la Comunidad Económica Europea, o gozase de doble nacionalidad. ¡Fantástico! Mientras se exigía máximo escrúpulo en el cuadre de balances, se exploraban fórmulas tendentes a disparar el gasto. Porque un extranjero más equivalía a fuertes desembolsos suplementarios. Maniobra sin duda protagonizada por entidades opulentas, porque fichar ingleses, italianos, teutones, belgas, galos o neerlandeses, estaba al alcance de muy pocas contabilidades, y lo de la doble nacionalidad apuntaba hacia Jorge Valdano, problema del Real Madrid cuando el internacional argentino se planteara una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional, entendiendo vulnerados sus derechos como español. También sonaba a subterfugio lo del futbolista de la CEE. Una traca a lo “Bienvenido Mr. Marshall”, cuando España acababa de ser admitida como país miembro el 1 de enero de 1986, y desde distintos despachos comunitarios se advertía sobre la imposibilidad de establecer vetos a la libre circulación de trabajadores en la Unión. Viendo las cosas desde el ángulo positivo, Atlético Osasuna, Real Madrid, F.C. Barcelona y Athletic Club, constituían ejemplo de gestión económica, al arrojar superávit en sus últimos ejercicios y darse por cierta su capacidad patrimonial para encarar débitos puntuales.

El 19 de enero la Liga presentó ante el CSD un informe exhaustivo, donde tampoco se echaban en falta una buena ración de lloros. Si en su día fue aceptado el 2,5 % de las quinielas, se hizo ante la perspectiva de ascensos poco menos que verticales en su recaudación, como ocurriese a lo largo del decenio precedente. Nadie pudo plantearse un frenazo, y muchísimo menos la caída en picado. Pese a todo, en casi tres años los clubes de 1ª y 2ª habían reducido su déficit en torno a 2.000 millones de ptas. Ya “sólo” el global arrojaba un saldo de 19.000 millones, cifra que de todos modos convenía matizar, pues los contables suelen especializarse en vestir mentiras como verdades. La LFP había establecido conciertos con Hacienda, Seguridad Social y Banco Hipotecario, para satisfacer deudas trimestralmente, aun a costa de ensancharlas en el tiempo. La gestión económica, por tanto, tampoco es que mereciese nota alta. De 2.000 millones de déficit anual, se pasaba a la mitad, sobre todo merced a la reducción de intereses. Por ese camino ni soñando se lograría el pretendido equilibrio en 10 años.

Gómez-Navarro tampoco se dejó convencer por los datos de Antonio Baró, básicamente incontrovertibles, puesto que si durante la temporada 1985-86 las quinielas aportaron 1.287 millones al fútbol profesional, sobre 1.500 previstos, la desviación se hizo más patente en 1986-87, con 900 millones ingresados. Ochocientos millones largos de desfase en un par de años, y nada inducía a prever que las cosas pudiesen mejorar. Las deserciones del 1-X-2 en favor de la “Primitiva” constituían un hecho irrefutable. “Es preciso encontrar soluciones para no generar más deuda -arguyó el presidente de la Liga Profesional ante el Consejero Superior de Deportes-. Estamos dispuestos a escuchar proposiciones. Y no existen incoherencias entre la solicitud de nuevas fórmulas financieras y la exigencia de seriedad a nuestros afiliados, como venimos haciendo”.

En días sucesivos tanto Antonio Baró, como su secretario Jesús Samper, presentaron al CSD nuevas propuestas para el boleto quinielístico. Entre ellas encarecer cada columna en 5 ptas., destinadas a devengar un premio suplementario a quienes poseyendo 14 aciertos, adivinaran el número de goles anotados en cada jornada. Y si no hubiere agraciados, dicha cuantía tendría por destino un futuro “bote”. Parece que la idea fue acogida por la Administración con enorme frialdad. A Gómez-Navarro le chirriaba tanta solicitud de más extranjeros, cuando ante todo urgía reducir gastos. Así que a mediados de febrero, desde algunos clubes se fueron deslizando si no amenazas, como mínimo advertencias sobre la posibilidad de adoptar medidas drásticas. Pura baladronada, puesto que los millones del CSD, dinero público, para entendernos, estrujaban el gaznate incluso a ciertos presidentes de clubes particularmente vocingleros, con Jesús Gil y Gil a la cabeza.

Todos sabemos cómo se evitó la catástrofe. Con los derechos televisivos sobre emisión de partidos en “pay per view”, por cuanto respecta a los clubes poderosos. Dando paso a una suma de Sociedades Anónimas que a la postre tampoco resolvieron demasiado. Disolviéndose varias entidades y, sobre todo, con tolvaneras de fondos públicos. Lo de las Sociedades Anónimas Deportivas fue imposición del CSD a cuantos clubes recibieran dinero de la ciudadanía desde los presupuestos estatales. Tan sólo Athletic Club, Barcelona, Real Madrid y Club Atlético Osasuna, continuaron siendo patrimonio de sus socios. El resto iría cayendo de mano en mano, de tumbo en tumbo, a mayor gloria de oportunistas y en detrimento de quienes en verdad sentían sus colores. Moría y se enterraba un viejo concepto del fútbol, más coral, deportivo e integrador, al tiempo que se alumbraba otra época en la que el alma social lucía los signos del dólar o el euro, los gritos de la afición eran ensordecidos por musiquilla de tragaperras, y los “ebitda”, “ebita”, e incluso la capilaridad en mercados hasta hacía bien poco inimaginables, se apoderaban de cada escudo.

La pelota acababa de hacerse el harakiri, tan sólo para que dos decenios después otro puñado de camisetas volvieran a bordear la liquidación por derribo.